Todo parece apuntar a que el Gobierno ruso ha encontrado una herramienta universal para implementar su política en el terreno económico: Rosprirodnadzor, agencia federal de protección medioambiental que hasta hace poco era prácticamente imperceptible, empieza a inmiscuirse de manera cada vez más enérgica en proyectos que valen miles de millones de dólares.
Su víctima de turno es Lukoil, una de las petroleras más grandes de Rusia. Un alto funcionario de Rosprirodnadzor anunció el otro día la posibilidad de revocar las licencias otorgadas a Lukoil para la explotación de una veintena de yacimientos en el norte del país, por una serie de infracciones cometidas en materia ecologista.
En estos últimos años, la lucha por la preservación del medio ambiente ha dejado de ser en Rusia una asignatura estrictamente ecologista, y el mercado reacciona a cualquier denuncia de infracciones en esta materia con la misma sensibilidad que a las reclamaciones fiscales. La intervención de Rosprirodnadzor en diversos proyectos económicos se vuelve cada vez más notable y en algunas ocasiones resulta más eficiente que el uso de otra herramienta tradicional - organismos fiscales - para presionar sobre empresas inconvenientes.
Esta nueva tecnología de reclamaciones ha de facilitarle al Estado ruso el trabajo con las compañías extranjeras que, en su mayoría, han evitado desde un principio los esquemas sospechosos de ‘optimización tributaria' y, por lo tanto, no pueden someterse ahora a las presiones fiscales que se aplican en relación con las empresas rusas. Otra circunstancia importante es que los argumentos ecologistas, a la hora de las reclamaciones formuladas con respecto a las multinacionales, resultan más ventajosos a los ojos de la opinión pública en Occidente, donde los ‘verdes' tienen posiciones fuertes. Así, no hubo amplias repercusiones internacionales cuando Rusia dejó de suministrar el petróleo a la refinería lituana Mazeikiu nafta, vendida al grupo polaco PKN Orlen, y no a las corporaciones rusas que pretendían hacerse con la participación de control.
En verano pasado, el Gobierno también usó el arma ecológica en el proyecto Sakhalin-2, participado actualmente por empresas foráneas. Los organismos fiscales difícilmente habrían descubierto infracciones en Sakhalin-2 porque el proyecto se lleva a cabo sobre un acuerdo del reparto de producción, régimen que contempla el máximo grado de transparencia en los procedimientos de contabilidad fiscal, aparte de que no pueden someterse a revisión alguna.
