El grupo de investigadores independientes de la masacre saldada con seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos hace casi un año, presentó un adelanto del informe final que entregará el próximo mes para denunciar que en las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) "no ha sido utilizada como evidencia el hallazgo de ropa" de algunos jóvenes desaparecidos y que un video ha sido extraviado del expediente.
"Este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares", dijo la abogada colombiana Angela Buitrago en la presentación de los avances de la investigación independiente, iniciada en marzo pasado sobre la masacre perpetrada la noche del 26 de septiembre pasado en Iguala, estado de Guerrero.
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Gracias a la gestión del grupo de expertos, los familiares de los desparecidos podrán ahora revisar la ropa para comprobar si pertenecía a sus hijos: "Dicha situación (sobre la ropa encontrada) no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma", indica un informe presentado.
De acuerdo con la investigación, 43 de los estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotizinapa balaceados en Iguala con saldo de seis muertos y decenas de heridos, fueron entregados por policías a narcotraficantes confabulados con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, uno de los casi cien detenidos entre policías, funcionarios y narcotraficantes.
Un video de la intervención policial tampoco ha sido presentado como evidencia y habría sido destruida luego de ser entregada a un tribunal: "esto debe ser investigado de inmediato" por la Procuraduría, dijo el grupo en su posicionamiento.
Finalmente, denunciaron que no habían sido autorizados a interrogar a militares del cuartel de Iguala, y las autoridades les pidieron un cuestionario escrito en reemplazo del interrogatorio de investigación.
"No vamos a entregarles un cuestionario (a las autoridades mexicanas), eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración", dijo a su turno el fiscal chileno Francisco Cox, quien fue parte de la investigación que culminó en la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet a España.
"Con las pruebas disponibles no tenemos evidencia ni de vida ni de muerte", puntualizó el investigador español Carlos Beristain, redactor del informe "Guatemala nunca más" sobre las masacres de indígenas en la pasada guerra civil en ese país.
La presentación del informe final ha despertado expectativas de que la investigación federal tome un nuevo rumbo, dijo a Sputnik Nóvosti un dirigente humanitario que trabaja en las montañas de Guerrero donde ocurrió la tragedia y es parte de las ONG que auxilian legalmente a los familiares de los desaparecidos.
La principal crítica de los organismos humanitarios es que "no se investiga hacia arriba sobre autoridades de niveles superiores, tampoco la colusión de las autoridades de alto nivel con el crimen organizado ni el papel que jugaron los militares del cuartel de Iguala", dijo a Sputnik Nóvosti Barrera, premio de DDHH por Amnistía Internacional.