Una investigación periodística sobre un operativo militar que dejó un saldo de 22 sicarios muertos y un soldado herido, la madrugada del 30 de junio, apunta a que el ejército de México cometió "ejecuciones extrajudiciales", porque los civiles armados se rindieron y fueron capturados vivos, dijo este lunes Edgar Cortez, directivo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
"Lo cometido por el Ejército el Tlatlaya (municipio del Estado de México que rodea la capital, 360 al oeste de Ciudad de México), son ejecuciones extrajudiciales y así deben ser investigadas por la justicia civil, es decir por la Procuraduría General de Justicia", dijo Cortez a la agencia Nóvosti.
"Además, la investigación sobre la muerte de 21 hombres y una menor de edad debe esclarecer si este hecho forma parte de una práctica reiterada", dijo Cortez, un ex sacerdote católico de la Compañía de Jesús.
Al comentar el operativo que sólo dejó un soldado herido, el dirigente humanitario recordó que el ex canciller mexicano Jorge Castañeda "ha mencionada la existencia en México de "falsos positivos", es decir personas ejecutadas que luego se aparenta como muertos en supuestos enfrentamientos".
También el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció esas prácticas al referir que: "a partir de 2007, se había desplegado al ejército para que se enfrentara a los cárteles de la droga, cada vez más poderosos, en lo que se calificó de guerra contra el narcotráfico".
"En ese despliegue, hubo numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles, a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas", dijo el informe de la ONU, emitido el 28 de abril de 2014, comentó Cortez.
El directivo del IMDHD (http://imdhd.org) lamentó que "luego de sucedidas las ejecuciones, el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, encomió la labor del ejército. Y esa práctica muestra el uso político de la justicia, pues el gobernador no investiga los hechos y por tanto no está en condiciones de determinar la verdad de lo sucedido".
La versión del gobernador fue "una declaración política, pues respalda a una de las instituciones de las que depende en buena medida la estrategia de seguridad de este Gobierno".
La respuesta de la Defensa Nacional
Luego de los pedidos infructuosos de una investigación emitidos por diversos organismos humanitarios en México, y en EEUU, como Human Rights Watch, la secretaría de la Defensa emitió por primera vez en más de dos meses una declaración, tras la publicación la semana pasada de una investigaciones periodísticas de le revista Esquire Latinoamérica que desmiente la versión oficial.
La Defensa dijo en un comunicado que en el incidente "personal militar repelió una agresión armada. Esta dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, estamos obligados conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas".
La secretaría de la Defensa Nacional, ofreció prestar "su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento".
El Ejército y Fuerza Aérea de México refrendó su "compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los Derechos Humanos de los ciudadanos".
La declaración fue emitida después de que el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Ratkhe, dijo el viernes pasado, 19 de septiembre, que Washington seguía el tema desde hace dos meses: "Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esa investigación", reportó este domingo 21 de septiembre el semanario mexicano Proceso.
El gobierno de Barack Obama está obligado por el Congreso estadounidense a supervisar que la ayuda militar a México esté supeditada al respeto de los Derechos Humanos, indicó la revista mexicana, que publicó el reportaje en forma simultánea con la edición latinoamericana en español de la revista estadounidenses Esquire, fundada en 1932.
La investigación de Esquire
El 18 de septiembre pasado, la investigación de la revista Esquire Latinoamérica refutó la versión oficial, según la cual los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos.
Dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dijo que "fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron".
"Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron "¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?". Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron (…)", prosigue el reportaje.
El ejército dijo que en el operativo había liberado a tres mujeres supuestamente secuestradas. Una de ellas es la testigo entrevistada por Esquire, quien afirma que las autoridades la coaccionaron para que dijera que los muertos eran delincuentes
"Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que "esos perros no merecen vivir". (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban (…)", dice el testimonio.
El primer reporte oficial indicaba que en lugar fueron incautadas "38 armas, municiones y se liberaron 3 mujeres". Entre las armas decomisadas están 16 fusiles AK-47, seis fusiles AR15, y dos escopetas. El arsenal del grupo incluía 13 armas cortas, entre pistolas, revólveres y una granada de fragmentación, con 112 cargadores y cartuchos.
