Las autoridades que buscan a 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes cómplices en el estado de Guerrero, sur de México, siguen sin encontrar pistas de los desaparecidos, a 25 días de los ataques contra aspirantes a maestros rurales, dijo el martes el abogado de los familiares.
“Las autoridades nos informan que no tienen el más mínimo indicio. Los esfuerzos se están haciendo pero son insuficientes”, lamentó Vidulfo Rosales, asesor jurídico de Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, abogado de los familiares.
“Todo el despliegue de investigación que nos han estado enumerando, no ha llevado a ninguna pista”, dijo el abogado en conversación telefónica a Nóvosti.
La declaración es ofrecida luego de una reunión sostenida el lunes por familiares y organismos humanitarios con el Procurador General de México, Jesús Murillo, en la que el gobierno se comprometió a acatar las medidas cautelares de urgencia pedidas por la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA.
Desde el jueves pasado el caso cobró aún más dramatismo cuando el sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012, reveló a Nóvosti y al diario austriaco Der Standard de Viena que los jóvenes fueron muertos y "quemados con leña y diésel", cuando algunos aún estaban vivos.
La declaración del sacerdote fue ratificada el lunes ante periodistas en las puertas de la Procuraduría General de la República en Ciudad de México, con base en el testimonio de un testigo presencial vinculado a los policías de la ciudad de Iguala, donde ocurrieron los hechos, 200 km al oeste.
Ningún funcionario de la PGR quiso recibir al sacerdote en reemplazo del fiscal federal Jesús Murillo, quien viajó el lunes a reunirse con los familiares en el puerto de Acapulco (400 al sur), pero se comprometió en un comunicado a recibir al sacerdote el jueves 23 de octubre.
El sacerdote dijo, que después de declarar el jueves ante el Procurador, a quien ofrecerá incluso pistas sobre el lugar donde pudieron ser enterrados los jóvenes en fosas clandestinas, al norte de Guerrero, viajará a visitar a los familiares y compañeros de los desaparecidos a compartir con ellos la información.
“Los padres quisieran tener una línea de investigación que provenga de las autoridades. Hay varias versiones, así como la del padre Solalinde. Pero han sido descartadas” por los investigadores, dijo el abogado.
“El Estado mexicano tiene la obligación de hacer la búsqueda y las imputaciones. Tenemos que agotar los mecanismos internos en México. Si no funcionan, tenemos que recurrir a la justicia internacional”, puntualizó el jurista.
En las pesquisas, han sido encontradas unas 20 fosas clandestinas, con cuerpos, un grupo de ellas con 28 cuerpos calcinados cerca de Iguala, pero los estudios forenses y genéticos establecieron que no se trata de los estudiantes, pero tampoco fueron identificados.
El presidente Enrique Peña ha prometido que en el caso no habrá impunidad, y ha afirmado que el crimen organizado penetró 13 municipios de Guerrero que fueron intervenidos por fueras federales y del Ejército.
