Maestros inconformes del estado de Guerrero, quemaron el martes la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda, tercera fuerza política nacional) en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, sur de México, informaron autoridades locales.
El gobernador Ángel Aguirre del PRD es cuestionado por movimientos sociales y políticos que piden su renuncia, por la violencia que asola Guerrero; que hizo crisis en la ciudad de Iguala (200 km al oeste), donde hace tres semanas fueron agredidos a balazos estudiantes rurales de magisterio.
A finales de septiembre, por orden del alcalde de Iguala, ahora prófugo, José Luis Abarca, un grupo de policías y matones vinculados a mafias del narcotráfico atacó una caravana de estudiantes rurales que ocuparon tres autobuses en Iguala, con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Profesores indignados rodearon este martes la sede de PRD y lanzaron cócteles Molotov, que incendiaron el edificio y obligó al despliegue de bomberos y las fuerzas de seguridad pública de Chilpancingo, a medio camino entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco.
El PRD ha pedido “perdón” a los ciudadanos por haber llevado a un narcotraficante a la alcaldía de Iguala, ciudad enclavada en una zona montañosa con 150.000 habitantes, cuna de la guerra de Independencia de México en el siglo XIX.
Sin embargo, el PRD se ha negado a pedir la renuncia de Aguirre quien a principios de octubre anunció su intención de celebrar un referéndum sobre su permanencia en el cargo, en medio de las acusaciones de vínculos con el crimen organizado.
Guerreo, convertido en un enclave del narcotráfico por sus montañas con costas al Pacífico, ha sido escenario de pequeñas guerrillas radicales de izquierda desde los años 70.
En los últimos días reapareció un grupo armado, el Ejército Popular del Pueblo Insurgente (ERPI), que anunció brigadas de ajusticiamiento bautizadas "26 de Septiembre", fecha de los ataques contra los estudiantes, entre críticas al PRD.
Una docena de municipios de Guerrero han sido intervenidos esta semana por fuerzas federales y del Ejército por orden del presidente Enrique Peña, que dijo que habías sido penetrados por el crimen organizado.
El caso de los estudiantes desaparecidos ha dado un giro, luego de que el sacerdote Alejandro Solalinde reveló que tiene testimonios de testigos cercanos a los policías –en particular un testigo presencial.
Esos testimonios afirman que los estudiantes fueron asesinados y enterrados en una fosa clandestina, donde algunos “fueron quemados vivos”, como declaró a Novosti el jueves pasado y lo confirmó a la prensa mexicana el lunes.
Solalinde, quien en diciembre de 2012 recibió de manos del presidente Peña el Premio Nacional de Derechos Humanos, afirma que los testigos le dijeron que enterraron a los estudiantes en una zona montañosa del norte de Guerrero, cerca Iguala.
El sacerdote que dirige un albergue de migrantes centroamericanos, y encabezó la denuncia de la masacre de 72 ilegales en 2010, acudirá el jueves próximo a la fiscalía a ofrecer su testimonio al Procurador federal Jesús Murillo.
EEUU, la ONU, la OEA, la Unión Europea y organismos humanitarios piden a México encontrar a los estudiantes y castigar a los culpables.
