El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció que tomará licencia de su cargo, una figura que en México equivale a la renuncia, para facilitar las investigaciones de los ataques de policías aliados con narcotraficantes en Iguala saldados con seis muertos, 20 heridos y 43 estudiantes de magisterio rural desaparecidos desde el 26 de septiembre.
"Si mi separación del cargo ayuda (a las investigaciones) no haría objeción en ello. Señalé también que mi obligación era asumir con responsabilidad esta emergencia", declaró Aguirre, mientras espera que lo autorice el Congreso de Guerreo, un estado montañoso con costas al océano Pacífico, infestado de violentas mafias de narcotráfico.
El gobernador llegó al cargo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) que también postuló a José Luis Abarca, alcalde prófugo de Iguala (200 km al oeste), acusado de haber ordenado los ataques para evitar que unos 80 estudiantes boicotearan un acto de su esposa, ambos vinculados al narcotráfico.
Desde los ataques y desaparición de los estudiantes Guerrero ha ido escenario de protestas, en las cuales han sido destruidos el Palacio de Gobierno estatal en la capital estatal, Chilpancingo, a medio camino entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco; y el incendio de la alcaldía de Iguala.
Durante las manifestaciones en todo el país, e incluso en capitales de Europa y América latina, los manifestantes han exigido la renuncia del Gobernador, con el grito de "Vivos se los llevaron, vivos queremos".
Este jueves el sacerdote Alejandro Solalinde entregó al Procurador General de México, Jesús Murillo, la información que obtuvo de testigos, quienes le confiaron que los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes fueron asesinados y algunos quemados vivos.
"Coincidimos 80 por ciento en la información con PGR", escribió el religiosos en su cuenta de Twitter al final de la cita, pero el Procurador no emitió ninguna comunicación.
"Los obligaron a caminar hacia un sitio donde abrieron unas fosas y los mataron", reiteró Solalinde, quien reveló esa información por primera vez a la agencia RIA Nóvosti y al diario Der Stardard en una entrevista, el jueves 16 de octubre.
Las pesquisas arrojan hasta ahora unos 50 detenidos, la mayoría policías municipales y algunos narcotraficantes; y han sido encontradas casi 20 fosas clandestinas con restos humanos, que hasta la fecha no coinciden con los registros genéticos de los desaparecidos.
Pero las primeras pruebas forenses practicadas a 28 cuerpos, en fosas encontradas cerca de Iguala, con las cuales se descartó que los restos pertenecían a los 43 desaparecidos, podrían ser erróneas, reveló el miércoles el Procurador Murillo.
Las pruebas genéticas de ADN presentadas el 14 de octubre pasado, "pueden tener error en su recopilación, orden u organización. Por eso se pidió la participación de peritos extranjeros", del Equipo Argentino de Antropología Forense, dijo el Procurador en conferencia de prensa.
