El presidente Enrique Peña reafirmó su compromiso de respetar los derechos humanos en México en medio de protestas por una crisis política marcada por la desaparición de más de 22 mil personas en los últimos ocho años.
El mandatario reafirmó ese compromiso al sostener su primera reunión con el nuevo Defensor del Pueblo (Ombudsman) Raúl González, en la residencia presidencial de Los Pinos.
El nuevo Ombudsman prometió encabezar una institución "fuerte, que genere confianza en la sociedad, así como de ahondar en la cultura del respeto a los derechos humanos en México", en forma coordinada con las Organizaciones No Gubernamentales, la sociedad civil y sectores inconformes.
Peña expresó al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal), su compromiso con "el irrestricto respeto del Gobierno de la República por los derechos humanos y por la autonomía de la CNDH".
Peña prometió a atender el trabajo del Ombudsman y sus pronunciamientos y recomendaciones, relacionadas con violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes federales.
Al mismo tiempo, el secretario de Gobernación (Interior) Ángel Osorio, anunció que esta semana el gobierno de Peña firmará un Pacto por la Legalidad para hacer cambios para "modificar lo que no está caminando bien", en medio de una ola de protestas y brotes de violencia callejera.
El pacto ha sido negociado con partidos políticos y organizaciones no gubernamentales para "emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y, sobre todo, asegurar la plena vigencia del Estado de derecho".
El encargado de la política interna -considerado el número dos del gobierno federal dado que en México no existe el cargo de Vicepresidente-, se comprometió a modificar completamente las instituciones "donde hay debilidad del Estado mexicano, donde hay debilidad, particularmente en los municipios", como Iguala, donde los 43 estudiante fueron secuestrados y se teme que asesinados, según las pesquisas.
El sistema que no ha sido óptimo y no da confianza necesaria a los mexicanos debe cambiar, dijo Osorio: "el sistema nacional anticorrupción tiene que ir adelante e irá acompañado del Gobierno de la República", ejemplificó.
El Gobierno no quiere inculpar a quien no tiene nada que ver en los brotes violencia de las protestas recientes, "pero sí castigaremos a quien corresponda", advirtió el responsable del gabinete político
"Lo que hay que dejar claro es que lo que ha venido sucediendo en la Ciudad de México y otros puntos, son agresiones a los cuerpos de seguridad que están para proteger a la ciudadanía y las instituciones", dijo Osorio.
La declaración fue hecha el mismo día en que unos 200 maestros ocuparon y causaron destrozos en el edificio de la corte electoral y la oficina de la Fiscalía federal en la ciudad de Chilpancingo, capital del montañoso estado de Guerrero, infestado de mafias de narcotraficantes.
Los inconformes exigen encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos hace casi dos meses por narcos aliados a los policías del municipio de Iguala, bajo órdenes del alcalde José Luis Abarca, quien está detenido.
En los últimos dos años, en Guerrero han sido declaradas 500 personas como desaparecidas por la ola de violencia delincuencial.
