La gran mayoría de los ayuntamientos de Cantabria han firmado hoy una declaración institucional propuesta por el gobierno cántabro para impedir la extracción de hidrocarburos mediante el uso de la fractura hidráulica, fracking, en esta región del norte de España.
El presidente conservador de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios, ha presidido este acto en el que ha afirmado que esta comunidad “es, y quiere seguir siendo, un territorio libre de fracking” un hecho, que según el presidente “es la voluntad de la inmensa mayoría de la población”.
Diego Palacios ha afirmado en su discurso que “la unión y la acción conjunta de las instituciones regionales y municipales” puede ser “un instrumento muy útil” para conseguir que esa región “sea territorio libre de fracking”.
El presidente cántabro ha afirmado que harán “todo lo legalmente posible para impedir el uso de esta técnica” en su territorio. Ha afirmado que dadas sus “características geológicas, paisajísticas y de distribución de la población”, Cantabria es la región “más inadecuada” para utilizar esta técnica. “Teniendo en cuenta, además, los múltiples interrogantes que el fracking plantea, los cántabros hemos alzado la voz”, sentenció Diego.
La Ley contra esta técnica ha sido aprobada unánimemente por todos los grupos políticos en el Parlamento de Cantabria, incluidos los votos del Partido Popular, en contra de la opinión estatal de su partido que apoya esta técnica.
El gobierno de Cantabria seguirá manteniendo “una postura de oposición clara y decidida hacia la fractura hidráulica”. Afirman que este hecho “quedó plasmado” cuando declararon ilegal el permiso de investigación L’Arquetu que pretendía realizar extracciones con esta técnica en tierras cántabras.
Cantabria no es la primera comunidad española en levantarse contra el fracking, aunque sí la primera que consigue una unión territorial e institucional como esta.
Hasta el momento, Andalucía, La Rioja, Navarra y Cataluña ya han dado el paso para impedir el uso de este tipo de técnicas en su territorio. Sin embargo, ninguna ha tenido mucho éxito a causa de las demandas que el Gobierno central, de los conservadores del PP, interpone ante el Tribunal Constitucional. De esta forma, pretende anular todas las leyes regionales que intenten prohibir el fracking asegurando que es “competencia estatal”.
En la actualidad, la ley cántabra todavía no ha superado el filtro del Tribunal Constitucional.
