El Gobierno de Canarias paralizó hoy la consulta que tenía previsto realizar el 23 de noviembre sobre el futuro de las prospecciones de petróleo en el océano Atlántico frente a sus costas.
La medida se tomó poco después de que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera impugnar ante el Tribunal Constitucional esta consulta ciudadana tal como ya hizo con el plebiscito independentista de Cataluña.
Gobierno de Paulino Rivero "acata la legalidad" y suspende la consulta a la espera de la decisión del alto tribunal.
En un comunicado, el Ejecutivo regional observa "tintes autoritarios" en esta "decisión política", que "sólo pretende acallar la voz de los canarios".
La consulta, según el Gobierno canario, "tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurada con garantías jurisdiccionales específicas".
Respecto a la pregunta, "tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino el modelo medioambiental y turístico del Archipiélago".
Los canarios debían contestar a: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?"
El propio presidente español, el conservador Mariano Rajoy, defendió hace quince días ante el Congreso de los Diputados las prospecciones petrolíferas que empiezan este otoño en las islas Canarias porque "cumplen con todas las garantías medioambientales exigibles". El mandatario pidió que no se hiciera "demagogia" con este tema.
Esta misma semana, la empresa turco-británica Genel Energy, que trabaja para Marruecos. confirmó que ha encontrado petróleo frente a las costas Sidi Ifni, ex colonia española fronteriza con el Sáhara Occidental, a 200 kilómetros de las Islas Canarias.
De confirmarse que el crudo de Sidi Ifni es viable comercialmente, "cambiaría la polémica" en Canarias, ya que "al menos otorgaría la presunción de éxito a Repsol", estiman los expertos.
El Gobierno español autorizó a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas a 4.000 metros de profundidad frente a las islas Canarias, a pesar de la movilización de los isleños y de grupos ecologistas en contra de este proyecto.
