El Puerto Olímpico de Barcelona y el Ayuntamiento de la ciudad se han reunido para analizar la situación de los barco-hoteles ilegales instalados en la zona portuaria.
El ayuntamiento de la segunda ciudad de España asegura que “está analizando el problema” mientras el Puerto Olímpico exige “una solución lo antes posible”, según declaraciones a Nóvosti.
“Hay que actuar en primer lugar, a nivel municipal, sobre los barcos de recreo que no tienen matrícula comercial. Sus dueños los alquilan, evidentemente con ánimo de lucro, a los turistas de la ciudad de Barcelona”, asegura Joan Guitart, director del Puerto Olímpico a Nóvosti.
Las embarcaciones de recreo tienen un número de matrícula que comienza por el 7, lo que significa que no pueden hacer una explotación comercial. "Muchos de los barcos con turistas en verano las tienen", afirma a Nóvosti.
El director defiende que esta situación “de ilegalidad” también tiene consecuencias para el puerto. “La gente que viene a alquilar estos barcos para dormir, no suele estar acostumbrada a estar en el mar por lo que su modo de comportarse no es el correcto”, afirma Guitar. "Esto conlleva a tener más vigilancia, por ejemplo, hay personas que quieren hacer barbacoas, algo que está prohibido porque con una chispa puedes quemar un embarcadero” añade el responsable.
Otro de los problemas que defiende Joan Guitart es la falta de información de los clientes de estos barcos. “No sabemos quienes son las personas que alquilan estas embarcaciones como hoteles porque no nos proporcionan sus datos de identificación, esto es bastante peligroso porque no sabemos quién nos puede aparecer”, afirma Guitart, que asegura que “habitualmente son extranjeros y jóvenes”.
Además de los peligros para el puerto, Guitart asegura que “no es justo que estos barcos no paguen impuestos por esta actividad” cuando “están haciendo una competencia desleal a la hostelería de la ciudad".
Mientras tanto, en el Ayuntamiento aseguran que “están estudiando esta actividad”. Una portavoz del departamento de comunicación ha asegurado a Nóvosti que “quieren analizar este fenómeno para ver que tipo de aceptación puede tener en el entorno”, aunque asegura que “hay varias administraciones implicadas, entre las que también está la Generalitat”, el gobierno de la comunidad autónoma. Sin embargo, de aprobarse una regulación que permita estos barco-hoteles “todos deberían tener licencia para ello” y “pagar impuestos por esta actividad”.
