El Congreso de México culminó la noche del miércoles la aprobación de las leyes de la reforma energética que abren a la inversión privada la alicaída industria petrolera nacional, un monopolio estatal desde 1938, con la aprobación en el Senado del último dictamen reformador.
La Cámara Alta aprobó con 90 votos a favor, de senadores oficialistas y de centroderecha, contra 27 votos de partidos de centroizquierda, las reformas a las leyes del presupuesto federal, de responsabilidad fiscal, y de deuda pública, cuando se cumplen 100 días de una compleja y minuciosa negociación legislativa.
De esta forma, el Congreso terminó de crear diez nuevas leyes y reformó otras doce, para conformar el corpus legal de una histórica reforma de la Constitución, que el 12 de diciembre de 2013 puso fin a uno de los pilares del nacionalismo petrolero establecido tras la sangrienta Revolución Mexicana de principios del siglo XX.
El Senado aprobó así las observaciones que la Cámara de Diputados hizo a las nuevas leyes de hidrocarburos, industria eléctrica, energía geotérmica, de seguridad industrial, de protección al medio ambiente, y las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En las últimas dos jornada que culminaron la noche del miércoles los senadores pusieron punto final a los dictámenes de los órganos reguladores en materia energética, de ingresos sobre hidrocarburos y de la creación del estratégico Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, un nuevo pilar del andamiaje nacional.
La nueva maquinaria petrolera mexicana mantiene como empresas estatales a Pemex y la CFE, sin privatizarlas, pero tendrán que competir con empresas petroleras y de electricidad, nacionales y extranjeras, que podrán explorar y explotar hidrocarburos mediante asignaciones de reservorios y contratos de asociaciones estratégicas con la petrolera estatal o sin ella, aunque tendrá prioridad de elegir primero los reservorios a explotar.
Además, tuvieron que ser reformadas doce leyes para acabar con un tabú que se remonta a la nacionalización de la industria petrolera de 1938, emprendida por el general Lázaro Cárdenas, uno de los primeros presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó 71 años hasta el año 2000; y volvió al poder en 2012 con Enrique Peña.
En estos 100 días que terminan, fueron reformadas las leyes de inversión extrajera, de minería, de asociaciones público-privadas, de aguas nacionales, de empresas paraestatales, de adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos, de obras públicas, de administración pública, de Derechos, de coordinación fiscal, de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de deuda pública.
El último dictamen: nace un Fondo Petrolero
En la votación final, en un proceso que partió de una iniciativa reformadora del presidente Peña, el Senado aprobó el último dictamen de la reforma energética: la regulación de los recursos del nuevo Fondo Mexicano del Petróleo, que permite al gobierno federal asumir como deuda pública, una parte proporcional de los pasivos laborales de Pemex y de la CFE.
El límite que fijaron los senadores para mantener la salud financiera es que “el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo federal en el presupuesto de egresos, que apruebe la Cámara de Diputados y se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural”.
Las transferencias extraordinarias del fondo petróleo dispone que, únicamente cuando la reserva del Fondo petrolero al inicio del año sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del año anterior, el FMP podrá recomendar a la Cámara de Diputados la asignación del incremento del año anterior a cuatro rubros precisos de inversiones.
Esos cuatro rubros son: al sistema de pensión universal, hasta 10 % del incremento anual del fondo petrolero; inversión en ciencia, tecnología, innovación y energías renovables, hasta 10 %; y hasta 30 % para fondear inversión especializada en proyectos petroleros, y en infraestructura para el desarrollo nacional.
También se podrá destinar hasta 10% del excedente del Fondo Petrolero a la formación de capital humano y desarrollo regional de la industria.
Finalizado el prolongado trámite legislativo, las leyes deberán ser promulgadas por el presidente Enrique Peña en el Palacio Nacional. Peña agradeció el martes a las fuerzas políticas “que más allá de las diferencias naturales haya habido la madurez política y la civilidad para concretar acuerdos". Pero las izquierdas intentarán dar marcha atrás a la reforma, mediante una consulta ciudadana en 2015.
En una década, México -séptimo productor mundial de petróleo- sufrió un derrumbe de su producción, de casi 30 por ciento, de un pico de 3,4 millones de barriles diarios en 2004, a 2,47 millones b/d en 2014.
