Más de un millar de empresas del sector automovilístico que operan en China están siendo investigadas por violar las leyes antimonopolio, ha informado la prensa local.
Un funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por sus siglas inglesas) ha explicado al diario China Daily que entre las investigadas figuran tanto compañías “locales como extranjeras”, en respuesta a los frecuentes lamentos de que Pekín castiga a los competidores foráneos y favorece a los chinos.
El Ministerio de Comercio ya se había defendido el sábado de las acusaciones de discriminación recordando que muchas de las investigaciones castigaron en un inicio a empresas locales. El anuncio de hoy aclara que los fabricantes chinos en el punto de mira son tanto estatales como privados, pero no especifica cuántos son ni de qué se las acusa en concreto.
La medida llega tras las medidas de presión de Pekín a algunas de las más importantes firmas automovilísticas del mundo como la alemana Audi o la estadounidense Chrysler, ahora en manos del grupo italiano Fiat. Los funcionarios también habían visitado una semana antes un concesionario de Mercedes Benz en Shanghái, donde interrogaron a los trabajadores y confiscaron los ordenadores.
China se ha esforzado en los últimos años en aplicar la Ley antimonopolio aprobada en 2008 –que prevé la posibilidad de confiscar los beneficios ilegales y de multas del 10 % de las ganancias del ejercicio anterior–, sobre todo en sectores tradicionalmente dominados por actores extranjeros. El sector automovilístico ha centrado el ímpetu de los investigadores durante años porque, según Pekín, las marcas extranjeras aprovechan su posición de fuerza para aumentar sus precios y castigar al consumidor chino. Éstas sostienen que el sobrecoste responde a la política arancelaria china. Muchas de los fabricantes extranjeros decidieron bajar sus precios de forma voluntaria en cuanto supieron que la investigación estaba en marcha.
Las autoridades que supervisan el mercado chino han castigado en los últimos meses las conductas ilegales de multinacionales en sectores como el alimentario, tecnológico o farmacéutico, generando una preocupación creciente entre el empresariado extranjero.
