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Tribunal de Estrasburgo declara ilegal el encarcelamiento de Timoshenko

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró “arbitraria e ilegal” la condena a siete años de prisión de la ex primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, por firmar contratos de gas onerosos con Rusia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró “arbitraria e ilegal” la condena a siete años de prisión de la ex primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, por firmar contratos de gas onerosos con Rusia.

A la vez, el Tribunal dictaminó que los derechos de Timoshenko de recibir asistencia médica no se violaron en ningún momento.
Timoshenko presentó una demanda por detención injustificada, persecución por motivos políticos, pésimas condiciones y la calidad del servicio sanitario lo que, según ella, violaba varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La propia Timoshenko anunció que el fallo equivale a reconocerla presa política mientras que su abogado, Serguei Vlasenko, declaró que las autoridades de Ucrania deben inmediatamente liberar a la ex primera ministra añadiendo que el presidente del país, Víktor Yanukovich, durante la cumbre entre Ucrania y la UE en febrero pasado se comprometió a aceptar la decisión del Tribunal de DDHH y no presentar recurso.

“Recurriremos a todas las posibilidades que presenta la legislación ucraniana para liberar a Yulia Timoshenko y restablecerla en sus derechos. Exigimos su rehabilitación política y jurídica”, apuntó Vlasenko.

Las autoridades del país por el momento se limitaron a declarar que anunciarán la posición oficial después de examinar el fallo.

Yulia Timoshenko continúa cumpliendo una condena de siete años por abuso de poder, delito que, según la sentencia, cometió al firmar un acuerdo de gas con Rusia en 2009. La ex primera ministra, quien desde hace casi un año permanece ingresada en un hospital de Járkov, enfrenta además nuevos cargos de la Fiscalía General que la acusa de haber encargado en 1996 el asesinado de un diputado del Parlamento nacional. Timoshenko niega estas acusaciones y considera que se trata de un ajuste de cuentas político por parte del Gobierno actual.

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