El Gobierno conservador español ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, también llamada "ley mordaza" debido a las restrictivas normas que recoge.
La norma sale adelante únicamente con los votos de la derecha y tras varias modificaciones respecto al anteproyecto inicial aprobado el pasado noviembre. La ley está orientada principalmente a las manifestaciones, con multas de hasta 600.000 euros por “malas conductas” durante las mismas o las protestas “sin autorización”.
Desde un principio, este proyecto está rodeado de una gran polémica. Las sanciones por la “mala conducta” van desde faltas muy graves, con multas de entre 30.001 y 600.000 euros; graves, con sanciones de entre 1.000 y 30.000; o leves, de entre 100 y 1.000 euros.
Algunas de esas faltas leves van desde los insultos a los agentes al uso de su imagen por redes sociales o fuera de ellas, con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad.
Además, también será sancionable la celebración de cualquier reunión no comunicada, independientemente de dónde se realice. Será una falta leve que se elevará a grave en el caso de que haya actos violentos.
Otra de las faltas leves, con multas de entre 100 y 1.000 euros, es la participación en alteraciones de la seguridad ciudadana con el rostro cubierto. Dentro de las faltas leves también estarían los actos para impedir los desahucios, una práctica extendida en España como consecuencia de los estragos provocados por la crisis económica.
Entre las mayores sanciones, se incluye la perturbación “muy grave” de la seguridad ciudadana en espectáculos, oficios religiosos o convocatorias con “finalidad coactiva” celebradas en la jornada de reflexión o durante el día electoral. También se consideran “muy graves” las manifestaciones sin autorización, que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros.
Otro punto polémico de esta ley, son las sanciones por ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios frecuentados por menores, o en lugares que puedan afectar a la seguridad vial. Esta conducta también será sancionable excepto si la persona es víctima de la trata de seres humanos.
Varias asociaciones, además de los partidos de izquierda de la oposición, han mostrado su rechazo a la ley que hoy aprueba el Consejo de Ministros en España. Esta mañana, cuatro activistas de Greenpeace han escalado al Faro de la Moncloa en el centro de Madrid, próximo a la residencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para demostrar su rechazo al proyecto con una pancarta que decía “No a la ley mordaza”.
Esta tarde están previstas varias concentraciones por todo el país para protestar contra la aprobación de la ley.
