Bolivia aguarda expectante la decisión que tome EEUU ante la petición de extraditar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a dos de sus ministros, Jorge Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín. Están acusados de provocar más de sesenta muertos tras ordenar la represión de las protestas en 2003.
El comunicado de la ministra de justicia, Sandra Gutiérrez, no ofrece dudas: "Los fugitivos de la justicia deben regresar a Bolivia y rendir cuentas por el genocidio que cometieron en 2003, y tienen que ser juzgados en nuestros tribunales".
El caso por el que se solicita la extradición de expresidente y dos de sus ministros, nace tras la represión ejercida por el gobierno de Sánchez de Lozada en la ciudad de El Alto, cuyos vecinos protestaban contra un proyecto de gaseoducto. Se trata del mismo proyecto que muchos creyeron que sería más beneficioso para Chile que para la propia Bolivia, y que reabrió viejas heridas fronterizas, mal cauterizadas desde el siglo XIX. Aquellos conflictos, primero la privatización del agua, y más adelante el gaseoducto, impulsaron el movimiento indigenista del hoy presidente Evo Morales, portavoz de los que nada tenían en el país más pobre de Sudamérica.
No es la primera vez que Bolivia acude a los tribunales estadounidenses en relación con el expresidente y miembros de su gobierno. Ya lo hizo hace 7 años, pero su solicitud fue rechazada por defectos de forma. Ahora confía en que saldrá adelante y que los supuestos responsables del más de medio centenar de muertes tendrán que enfrentar a un tribunal en su país.
