Amnistía Internacional lidera una querella judicial contra el servicio de Inteligencia británico y su colaboración con Estados Unidos en programas de supervisión masiva a través de internet. El caso, en el que también participan más de media docena de organizaciones en defensa de las libertades civiles, llega hoy lunes al Tribunal de Poderes de Investigación (IPI, en sus siglas en ingles) en una vista pública sin precedentes.
En cuestión está la legalidad de programas informáticos que “Interceptan, almacenan y utilizan” información privada a escala masiva. Estas herramientas electrónicas salieron a la luz en las filtraciones del extécnico de servicios secretos estadounidenses, Edward Snowden, pero el Gobierno británico ni “confirma ni niega” su existencia.
El caso explorará también si la colaboración del GCHQ, centro neurálgico de las comunicaciones del gobierno de Londres, con la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU en programas de espionaje electrónico se ajusta a la ley.
Snowden ha denunciado la estrategia de urgencia del Gobierno británico para asegurar el acceso a las comunicaciones electrónicas de cualquier ciudadano. En una entrevista con el diario The Guardian, desde su exilio en Rusia, critica la celeridad de los trámites parlamentarios de la nueva ley de vigilancia propuesta por el primer ministro David Cameron.
“Es increíble”, dice sobre un proyecto que será ley en tres días y sin el escrutinio debido de diputados y lores. “No hay bombas a punto de estallar. No tenemos submarinos alemanes en los puertos”, advierte.
Según Snowden, Cameron sigue al pie de la letra la introducción de la Ley de Protección de América, en 2007, también con carácter de urgencia, que la administración de George Bush justificó en la amenaza terrorista y el miedo a atentados islamistas en EEUU.
