El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha proclamado en la apertura del poder legislativo, tras las elecciones del 9 de junio, que “este será, no les quepa duda, el Congreso de la paz”.
El dirigente ha abierto este domingo el nuevo periodo del Congreso que tendrá la responsabilidad de legislar la paz y el postconflcito, tras 50 años de confrontación con la guerrilla y la muerte de decenas de miles de conciudadanos.
Integrado por 268 diputados y senadores, la Cámara ha quedado instaurada para el periodo 2014-2018 con la expectativa que ha creado el regreso del expresidente conservador Álvaro Uribe.
El ex mandatario, a la cabeza de una bancada de 20 senadores y 19 representantes a la Cámara, será el opositor principal, sobre todo en el proceso de paz que lidera el Gobierno Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana y en la administración de los recursos públicos, que para Uribe tiene nombre propio: “mermelada” a cambio de favores políticos.
“No se trata –dijo Santos en su discurso inaugural– de sacrificar la justicia para lograr la paz. No. Se trata de ver cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Una justicia que necesariamente pasa por la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Proclamó Santos ante un Uribe que critica el diálogo con las FARC, la guerrilla más longeva de Latinoamérica.
“Entonces vendrá nuestra gran tarea como nación: la tarea del postconflicto, que deberemos asumir desde un prisma de reconciliación y de oportunidades”, añadió el Presidente, entre aplausos.
Desde la derecha se buscará un instrumento jurídico que garantice que de aprobarse algún tipo de beneficio para los guerrilleros, estos reviertan también en los militares detenidos por razones del conflicto, para impedir “que la impunidad sustituya a la justicia” dijeron.
La agenda legislativa incluye una reforma del Estado “para fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones”, la supresión de la reelección presidencial y la de dirigentes regionales, y la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años.
“La reforma que proponemos busca restablecer en nuestra democracia el principio de pesos y contrapesos que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales”, aseveró.
La iniciativa pretende unificar el período del Presidente con el de alcaldes y gobernadores regionales.
