El Senado de México aprobó el cuarto y último dictamen de la legislación para reglamentar una histórica reforma constitucional en materia energética, que por primera vez en 76 años permitirá la inversión privada en la industria petrolera mexicana.
En una votación celebrada la noche del lunes, con 85 votos a favor y 26 en contra, los senadores aprobaron el último paquete de leyes, en este caso referidos a los órganos reguladores en temas de energía, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, y de la protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos.
Las leyes establecen el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones, y la posibilidad de declarar de “utilidad pública” los territorios relacionados con actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en México, eludiendo la polémica figura de expropiación.
“Se trabajó por muchos años en el Congreso mexicano para lograr una reforma energética integral y transformadora; casi 18 meses construyendo acuerdos para aprobarla y analizada en el Senado durante tres meses”, celebró el senador Emilio Gamboa, máximo líder de los parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante).
“En dos años se llevaron a cabo reformas estructurales como la educativa, político electoral, laboral, de transparencia y combate corrupción y, recientemente de telecomunicaciones, en las que se respetó siempre la posición de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado”, dijo Gamboa, principal operador legislativo del partido del presidente Enrique Peña, que regresó en 2012 al poder que ejerció de 1929 al 2000 el PRI, fundado tras la revolución mexicana de principios del siglo XX .
Durante la prolongada discusión, la oposición de centroizquierda (Partido de la Revolución Democrática, PRD) se opuso en forma tajante a las reformas y las nuevas leyes con el argumento de limitarían la participación de la petrolera estatal Pemex, para favorecer a las empresas transnacionales, que se llevarían la renta petrolera.
“Sin embargo, Pemex tendrá garantizadas asignaciones para la producción y explotación, y continuaremos impulsándolo como una empresa productiva del Estado, que podrá asociarse con particulares para aumentar la producción de petróleo y de gas natural que está en el territorio”, dijo Gamboa a periodistas.
La producción petrolera de México se derrumbó 25 por ciento en una década y se necesitan unos 300.000 millones de dólares en inversiones para relanzarla, explotando los reservorios más difíciles en aguas profundas y de gas shale o esquisto, según los legisladores gubernamentales.
El coordinador de los senadores del PRI, rechazó la versión opositora de que podría despojar de sus tierras a campesinos y comunidades, a través de expropiaciones, “pero fue eliminada cualquier referencia a dicha figura”, dijo Gamboa.
Los opositores también alertaban de que se permitirá la extracción de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, y se dañaría el ambiente y la ecología. “Esto es falso. No se dañará ninguna zona restringida en materia ambiental en México”, repostó.
Otro temor en los largos meses de debate fue la posibilidad de eliminar los subsidios a la energía eléctrica: “Los subsidios se mantendrán. No subirían las tarifas, al contrario, disminuirán gracias a la reducción en los costos de generación al tener combustibles más baratos como el gas natural”, terminó el senador oficialista.
El paquete de leyes que ha obtenido media sanción del Congreso debe pasar ahora la Cámara de Diputados, que lo deberá votar y enviar al Presidente, para su promulgación final.
