El grupo del Congreso dirigido por la congresista Kay Granger ha presentado hoy un documento con recomendaciones a fin de resolver la crisis desatada en la frontera sur de EEUU.
Para Granger se trata un memorándum que combina la fortaleza y la racionalidad, la seguridad del país con la atención a los derechos de los niños.
Entre las medidas que Granger y los congresistas solicitan figura el envío de la Guardia Nacional a la frontera, tal como solicitó el gobernador de Texas, Rick Perry. De esta forma, sostienen, la Patrulla Fronteriza podrá dedicarse a su verdadera función, mientras los soldados ayudan en tareas logísticas y humanitarias.
Consideran imprescindible dotar de más medios (tribunales especiales, jueces adicionales, etc.) al aparato judicial encargado de resolver las peticiones de asilo.
También piden velar porque presuntos delincuentes no puedan obtener el asilo y, más vagamente, garantizar que los niños deportados reciban asistencia legal, sanitaria y social en sus países de origen, potenciar la seguridad en las fronteras de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como agilizar la deportación de todas la familias indocumentadas, aumentar las redadas en EEUU y endurecer las leyes contra el tráfico de personas.
Pero el punto clave del documento pasa por cambiar la ley de 2008, Acta de Protección de Víctimas del Tráfico Humano, que otorgaba un estatus especial a los niños de Centroamérica. De esta forma su situación se igualaría a la de los menores provenientes de México, de modo que en un plazo no superior a 7 días sus alegaciones sean presentadas a un tribunal de menores.
