Los sindicatos mayoritarios en España, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) denuncian que en España se están vulnerando varios derechos de los trabajadores recogidos en la Carta Social Europea con la aprobación de la reforma laboral aprobada por los conservadores del Partido Popular en el Gobierno.
Ante esta situación, han enviado un informe al Comité de Derechos Sociales en el que exponen los artículos que se están incumpliendo en la reforma laboral.
Las decisiones de este Comité, entidad adscrita al Consejo Europeo, son vinculantes para todos los gobiernos firmantes, entre ellos España.
CCOO y UGT denuncian que la reforma laboral desdeña el derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, recogido en el artículo 2 de la Carta Social Europea. Afirman que en el caso de España, la empresa es “libre de fijar la jornada de trabajo al margen del convenio colectivo, sin someterse a ningún condicionante vinculado a la existencia de razones objetivas o técnicas relacionadas con el trabajo”. Sin embargo, antes de estos cambios, “sólo era posible una distribución irregular tras un pacto entre empresario y trabajadores".
Otro de los incumplimientos, según los sindicatos, es el derecho de los trabajadores “a una remuneración equitativa”, recogido en el artículo 4 de la Carta Social. Afirman que es insuficiente la cuantía del salario mínimo interprofesional para garantizar “una remuneración que proporcione a los trabajadores y sus familiares un nivel de vida digno”.
El salario mínimo en España es uno de los más bajos de toda la Unión Europea.
Otro de los puntos que destacan, en el mismo artículo 4, es el relacionado con la aprobación por parte del Gobierno de un contrato con un período de prueba durante un año en el que el trabajador no tiene garantías de la aplicación del convenio colectivo y podrá ser despedido sin previo aviso ni indemnización.
Este supuesto de despido libre y sin preaviso también se da en el caso de contratos temporales, otro de los puntos denunciados por los sindicatos.
En el informe también destacan la “violación del derecho a la negociación colectiva”, recogido en el artículo 6.2. Denuncian que se ha derogado, por norma, el acuerdo pactado entre sindicatos y empresarios a nivel estatal.
Además, la reforma da prioridad al convenio colectivo de la empresa frente a otros de ámbito superior, “prohibiendo, además, a las organizaciones sindicales y empresariales que puedan disponer de esa regla”.
Finalmente, destacan la “criminalización desproporcionada e injustificada de la actividad sindical en la participación de piquetes informativos en el desarrollo de una huelga”.
Actualmente en España hay casi un centenar de sindicalistas con expedientes abiertos y decenas de ellos están condenados a penas de prisión.
