Pedro Sánchez será a partir de mañana por la tarde el nuevo dirigente del Partido Socialista español y el primero elegido directamente por los militantes de esta organización centenaria.
Sánchez, de 42 años, presentará la nueva ejecutiva y esbozará el decálogo de cambios con el que quiere renovar un histórico colectivo que se encuentra en sus horas más bajas. “Nos quedan ya pocos trenes” comentó recientemente un diputado socialista.
Los socialistas cosecharon el peor resultado de su historia en las últimas elecciones al Parlamento Europeo el pasado 25 de mayo. Ahora dirigen su mirada a Francia e Italia para inspirarse en un modelo que cuaje entre la castigada ciudadanía española, que todavía no vez la luz al final del túnel de esta larga crisis económica.
De momento, Sánchez se ha acogido a la "bandera de Felipe González”, el presidente español que llevó al socialismo a sus niveles más altos de poder, para recuperar “el impulso ilusionante y modernizador” que vivió España a finales de los años setentas tras la muerte del dictador Francisco Franco.
Sin embargo, distintos analistas políticos temen que el fuerte control que ya ejerce la poderosa federación andaluza, con Susana Díez a la cabeza, puede ralentizar los cambios que el PSOE necesita para ganarse de nuevo la confianza de la ciudadanía.
Sánchez llega al poder en un momento de crisis moral en el partido, cuando dos importantes feudos autonómicos se encuentran bajo sospecha por corrupción.
Por una parte Andalucía, la comunidad donde el PSOE lleva gobernando desde hace 35 años, copa día tras día los titulares de los medios de comunicación españoles por una sucesión de escándalos con las subvenciones que evidencian “una falta clamorosa de control político del dinero público” que afecta ya a más de 200 imputados. Andalucía es una de las regiones más subvencionadas de la Unión Europea.
En Cataluña, antigua cantera de votos socialistas, un puñado de alcaldes socialistas del denominado "cinturón rojo" de Barcelona han puesto su cargos a disposición del partido tras ser imputados por “presuntos sobresueldos irregulares” dentro de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Los socialistas catalanes han pasado en pocos años de ostentar el poder a ser la tercera o cuarta fuerza de una comunidad que lucha por su independencia de España.
