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Republicanos abogan por deportación acelerada de menores centroamericanos

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Los líderes republicanos del Congreso trabajan para aprobar una ley de 659 millones de dólares que contempla la deportación acelerada de los menores centroamericanos que han cruzado solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Los líderes republicanos del Congreso trabajan para aprobar una ley de 659 millones de dólares que contempla la deportación acelerada de los menores centroamericanos que han cruzado solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Más de 57.000 menores no acompañados han entrado a EEUU ilegalmente desde octubre de 2013.

La propuesta, presentada este martes y que cubre los dos últimos meses del año fiscal reduciría de forma dramática la petición del presidente estadounidense, Barack Obama, cercana a los 3.700 millones de dólares, y apenas destinaría 198 millones a mejorar las condiciones de los centros de acogida y mejorar la asistencia legal.

Esos 659 millones, explicó ante la prensa el republicano John A. Boehner, equivalen al dinero necesario para blindar la frontera. También aseguró que su partido cree "contar con una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar la propuesta".

Sin embargo el Washington Post, en un artículo publicado poco después, duda de que ni siquiera en el Congreso obtengan con los votos necesarios. Entre las condiciones esgrimidas por los republicanos figura la anulación de parte de la ley aprobada por el presidente Bush en 2008, que otorgaba derechos especiales a los menores no acompañados provenientes de países que no fueran México o Canadá. Dicha legislación fue creada para proteger a los niños y adolescentes de la violencia y la trata de blancas, y son muchos quienes en EE UU consideran que su anulación supondría dejar a los menores a merced del crimen organizado.

Tampoco parece posible que la propuesta republicana encuentre apoyos en el Senado, controlado por los demócratas. Boehner también explicó que espera alcanzar algún tipo de acuerdo antes de que las cámaras legislativas cierren durante agosto.

Entre tanto numerosos activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes han alertado ante una supuesta aceleración de los trámites judiciales, lo que podría dañar irreparablemente la posibilidad de preparar de forma adecuada los casos. 

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