El presidente chino, Xi Jinping, hubo de buscar el consenso con dos de sus predecesores antes de abrir la investigación a Zhou Yongkang, el ex zar de la seguridad nacional, según fuentes anónimas citadas por Reuters.
La posición de Zhou, el mayor cargo investigado desde que Mao fundara la República Popular, obligó a un pacto entre los líderes presentes y pasados para evitar que la paz en el partido estallara en batallas de clanes.
Pasados los tiempos de los presidentes plenipotenciarios, la política china se estructura como un delicado y complejo equilibrio de fuerzas en el que cada una intenta colocar a sus miembros en el Comité Permanente del partido y otros órganos claves. En ese paisaje mantienen aún mucha influencia los presidentes ya jubilados, cuyas sombras siguen proyectándose sobre los dirigentes posteriores.
Los presidentes consultados por Xi para procesar a Zhou son Jiang Zemin, jefe del clan de Shanghái y defensor de políticas liberales, y Hu Jintao, llegado al poder desde provincias más retrasadas e impulsor de medidas de corte social. Ambos mantienen a muchos acólitos en las esferas más altas del partido.
La investigación sobre Zhou rompe la norma no escrita pero férrea hasta ahora de respetar el retiro dorado de los miembros del Comité Permanente. Los expertos políticos venían alertando desde que empezó la campaña contra Zhou que muchos, impulsados por el justificado miedo a ser los siguientes, podrían juntar sus fuerzas contra Xi. En ese contexto, el acuerdo de Jiang y Hu se hizo imprescindible para preservar la estabilidad en el seno del partido.
Algunos de los escándalos publicados en la prensa extranjera sobre las fortunas de gerifaltes se leen en clave de pugna política.
Wen-cheng Lin, decano de la Universidad de Sun Yat-sen (Taiwán), considera que nadie estaría a salvo si la campaña anticorrupción de Xi fuera absoluta y ve en ella un trasfondo político.
“Su acción puede herir los intereses establecidos de muchos. Por ejemplo, Wen Jiabao –ex primer ministro– defendió su reputación en público. La publicación del último informe –sobre las riquezas acumuladas por altos mandos en paraísos fiscales– forma parte de la lucha política. Los líderes amenazados por Xi le han recordado que no debe de traspasar la línea si no quiere sufrir un contraataque. La campaña de Xi es selectiva y lo seguirá siendo”, explica por email.
La caída de Zhou, que fue precedida por la detención de decenas de sus más íntimos colaboradores, también allana el camino a Xi para colocar a su gente de confianza en los puestos vacantes y acabe de fortalecer su poder un año y medio después de alcanzarlo.
La fuente citada por Reuters sostiene que no está aún claro si Zhou será finalmente acusado y comparecerá ante un juicio público por los riesgos de que pueda desvelar los muchos secretos de la élite del partido que conoce. “Es probablemente demasiado peligroso para el partido”, sostiene.
China anunció ayer formalmente que Zhou estaba siendo investigado por “violaciones serias de disciplina de partido”, un eufemismo para referirse a las prácticas corruptas. Algunos analistas sugieren que los cargos de corrupción ocultarían otros más graves, que irían desde un intento de golpe de Estado a la filtración de información sobre las fortunas de otros líderes como venganza a la purga de Bo Xilai, el ex líder del partido en Chongqing con el que compartía clan.
Zhou había amasado un poder casi ilimitado como jefe del Comité de Asuntos Políticos y Legales, el aparato de seguridad del Estado, que durante su mandato llegó a alcanzar un presupuesto de 110 mil millones de dólares anuales, superior incluso al del Ejército de Liberación Popular.
Durante su quinquenio al frente del cuerpo supervisó el funcionamiento de la policía, las fuerzas paramilitares, la judicatura, la fiscalía y el servicio de inteligencia civil, lo que le dio información muy valiosa sobre sus rivales políticos. Sus tentáculos se extendían también en la poderosa industria nacional petrolífera y en la provincia de Sichuan, de la que fue el jefe del partido.
