La Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido imputada en Francia por "negligencia" en el "caso Tapie".
Lagarde, que ha sido interrogada, nuevamente, por los jueces del polo financiero de París, ha manifestado que "no piensa dimitir de su cargo en el FMI y que volvía hoy mismo a Washington D.C."
El llamado "affaire Tapie-Lagarde" es uno de los últimos presuntos escándalos del periodo presidencial de Nicolas Sarkozy, aunque para otros, supuso el reconocimiento de una injusticia protagonizada por los representantes del propio Estado francés contra un emprendedor. Es, además, el último capitulo de otro affaire, el "Adidas-Credit Lyonnais", que data de principios de los noventa.
En aquella época, Bernard Tapie era el dueño de la marca deportiva en la que el banco público francés tenía una participación. La empresa llegó a acumular un agujero de casi 13.000 millones de pesetas. El Credit Lyonnais se hizo con la empresa y la vendió triplicando el precio de compra (37.000 millones), en una maniobra considerada una estafa al dueño mayoritario. Desde entonces, Tapie ha venido batallando judicialmente para obtener satisfacción.
Después de miles de peripecias en los tribunales, el Gobierno de Nicolas Sarkozy creó un instrumento jurídico, supuestamente independiente, que obligó al Estado francés a pagar a Bernard Tapie más de 400 millones de euros, como reparación de la supuesta injusticia. En la cifra se incluyen 45 de "perjuicio moral". Lagarde era entonces Ministra de Economía en el gabinete de centro-derecha.
Todo parece indicar, por supuesto, que la reparación de la injusticia a Tapie fue una decisión política del jefe de Lagarde, el propio Sarkozy.
A Christine Lagarde se le reprocha no haber frenado la decisión, como podía haber hecho según su cargo, después de las consideraciones en contra recibidas por expertos juristas externos e, incluso, de su propio gabinete.
Todo parece indicar, por supuesto, que la reparación de la injusticia a Tapie fue una decisión política del jefe de Lagarde, el propio presidente del país. Es lo que los jueces investigan desde entonces y, con más fervor, después que el color político del poder cambiara.
