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Obama baraja medidas urgentes en relación a la crisis migratoria

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En un verano marcado por los bombardeos en Irak y los disturbios raciales en St. Louis, el presidente Obama discute con sus asesores el problema de la inmigración. Un asunto que ha convulsionado al país a raíz de la masiva llegada de menores indocumentados a la frontera, y que en las últimas horas continúa generando noticias.

En un verano marcado por los bombardeos en Irak y los disturbios raciales en St. Louis, el presidente Obama discute con sus asesores el problema de la inmigración. Un asunto que ha convulsionado al país a raíz de la masiva llegada de menores indocumentados a la frontera, y que en las últimas horas continúa generando noticias.

La última, la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que permitiría acogerse al asilo a las mujeres guatemaltecas que hayan llegado a EEUU para escapar de la violencia doméstica. Ben Winograd, abogado de inmigración citado por The Daily Caller, ha comentado que la histórica medida "abrirá la puerta a muchas mujeres víctimas de abusos". Aunque la medida no sea automáticamente vinculante para los jueces, su importancia no puede ignorarse.

Los asesores de Obama, entretanto, negocian con grupos muy diversos, por ejemplo con destacados representantes del mundo empresarial. El objetivo declarado es ampliar el número de permisos de residencia, popularmente conocidas como "green cards". Anualmente se conceden unas 360.000 "tarjetas verdes", pero su número podría doblarse, o incluso triplicarse si los familiares de las personas agraciadas también recibieran la residencia pero no contaran a efectos del cupo anual.

Una tercera posibilidad pasa por multiplicar los permisos de trabajo temporal, o "tarjetas H-1B", que recaen en los trabajadores extranjeros altamente cualificados, en consonancia con una vieja reivindicación de empresas como Google, que consideran insuficiente el flujo de estos hacia EEUU.

En palabras de David Nakamura, de The Washington Post, de sacar adelante algunas de estas medidas "le reportarían a la Casa Blanca un estimable apoyo político en un momento en el que los demócratas afrontan una dura pelea para mantener el control del Senado".

Por si el goteo de rumores y declaraciones no fuera ya explosivo, ayer, en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en Washington, representantes de los jueces de inmigración exigieron que sus tribunales sean liberados del tutelaje del Departamento de Justicia. Se quejan de una abrumadora carga de trabajo y unos fondos insuficientes, con la consecuencia de que muchos casos de inmigración tardan hasta tres años en resolverse.

Con más de once millones de trabajadores inmigrantes en situación irregular, el gobierno trabaja contrarreloj, consciente de que las elecciones legislativas programadas para este otoño serán decisivas. Aunque el Congreso permanecerá casi con total seguridad en manos republicanas, una hipotética derrota en el Senado debilitaría hasta extremos insostenibles el último año de la presidencia. La batalla publicitaria en torno a la inmigración será feroz. Según informan diarios como el Wall Street Journal, la primera gran medida de Obama podría hacerse pública la semana que viene.

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