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Piden a la Corte Penal Internacional examine violaciones a DDHH en México de 2006 a 2012

© Wikipedia / Vincent van ZeijstCorte Penal Internacional (CPI)
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Organizaciones humanitarias piden a la Corte Penal Internacional iniciar un «examen preliminar» sobre la denuncia de delitos de lesa humanidad, durante la guerra contra el narcotráfico en 2006-2012.

Tres organizaciones humanitarias han pedido a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar un "examen preliminar" sobre la denuncia de delitos de lesa humanidad, durante la guerra contra el narcotráfico, imputables al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), confirmaron este lunes los demandantes.

La petición fue entregada el viernes pasado en la sede de la CPI en París, para que inicie un examen preliminar, antes de "decidir si procede una investigación en México sobre torturas, secuestros y desaparición forzada", dijo a la agencia Nóvosti el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, uno de los tres organismos firmantes.

Para "evitar la politización del tema", los organismos decidieron investigar y documentar 100 casos de víctimas de torturas y otras violaciones, en el estado de Baja California (noreste), donde están las ciudades de Juárez y Tijuana, fronterizas con EEUU.

De 2006 a 2012, las quejas de torturas atribuidas a las fuerzas armadas y de seguridad se incrementaron en 500%, indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman federal), con 8,000 detenciones y más de 70,000 ejecuciones arbitrarias, según reporte del relator especial de Naciones Unidas, en 2012, dice el informe.

"La tortura –prosigue Guevara-, como se ha cometido en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, es sistemática, con un patrón para incriminar a los detenidos, e incriminen a otros", denuncia.

Los denunciantes tienen tres objetivos con su pedido: el primero es demostrar que la tortura en México "es una política de Estado, con recursos púbicos cuantiosos e impunidad, porque no hay ninguna persona condenada por esos delitos investigados", dijo a Nóvosti el abogado de las víctimas.

El segundo propósito es "que la CPI inicie un examen preliminar, y pida información a México, sobre lo que hace para investigar, procesar y castigar" a los responsables.

Finalmente, el tercer objetivo es que el gobierno de México "tome en serio su responsabilidad en el combate a la impunidad y emprenda juicios en todos los rangos".

Se debe establecer "si el Presidente (Calderón) tenía conocimiento de lo que estaban haciendo la fuerzas bajo sumando y control efectivo, y si no hizo nada para prevenirlos", dijo el directivo humanitario.

LA DENUNCIA EN PARÍS

La CMDPDH, junto con Federación Internacional de Derechos Humanos, y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste de México, (CCDH) presentaron el informe ante la Fiscalía de la CPI, en un acto encabezado por el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.

El documento registra "torturas, graves privaciones a la libertad y desaparición forzada en Baja California por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado".

Estos crímenes "respondían a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de presentar avances y logros en la lucha contra el crimen organizado", dice la petición.

El Estatuto de Roma que funda la CPI a iniciativa de la ONU, entró en vigor para México el 1 de enero de 2006, y en diciembre de ese año, el presidente Felipe Calderón anunció su estrategia de seguridad, llamada "guerra contra el narcotráfico", con las fuerzas militares a la cabeza.

LA CPI INICIA SUS PASOS EN AMÉRICA LATINA

La CPI, que comenzó a operar en el año 2002 a nivel internacional, pero sólo ha aceptado iniciar exámenes preliminares de crímenes de lesa humanidad en Honduras y Colombia, y aún no emite sentencia.

Los organismos humanitarios reconocen que el discurso en materia de Seguridad ha cambiado con el gobierno del presidente Enrique Peña (2012), pero "las estadísticas evidencian que la violencia no cesa y los crímenes cometidos en este contexto no han sido investigados ni sancionados los más altos responsables".

Esta es la segunda petición sobre el tema a la CPI, después de la presentada en 2011 por otro organismos reunidos en torno de la campaña "No más sangre", que recibió "una respuesta política del gobierno de Calderón y se politizó, porque señalaba responsables más que ofrecer información fáctica", explicó Guevara.

El año pasado 2013, la CPI respondió a ese pedido que comenzaría a analizarlas, mientras que la semana pasada Amnistía Internacional, presentó un informe especial sobre la tortura en México como un problema crónico.

En julio de 2012, la CPI dictó su única condena hasta la fecha contra, Thomas Lubanga, a 14 años de prisión, por reclutar niños como soldados en el Congo. Y el expresidente de Liberia, Charles Taylor, fue condenado a 50 años de cárcel en mayo de 2012 por un Tribunal Especial para Sierra Leona; ambos están detenidos en la CPI.

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