Siete militares y un oficial del Ejército de México han sido detenidos bajo investigación por "delitos contra la disciplina militar" cometidos en un operativo militar que dejó 22 sicarios muertos y un soldado herido, la madrugada del 30 de junio en el centro del país, informó la secretaría de la Defensa Nacional.
"Estas acciones las realiza la Procuraduría General de Justicia Militar, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa", informó la secretaría de la Defensa Nacional en un breve comunicado.
Las detenciones realizadas la noche del jueves fueron ordenadas una semana después de que organismos civiles de derechos humanos denunciaron que los militares habrían cometido "ejecuciones extrajudiciales" en el operativo, que fue reportado oficialmente, el mismo 30 de junio, como un "enfrentamiento", después de que los militares fueran agredidos desde una bodega.
Un oficial y siete elementos de tropa vinculados a esa operación militar en el municipio Tlatlaya, en el Estado de México, que rodea la capital "fueron puestos a disposición del Juzgado 6o. Militar, internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar", en el Campo Militar No. 1 del Distrito Federal, indica el comunicado.
La denuncia de los organismos humanitarios se basa en una investigación periodística divulgada la semana pasada por la versión en español de la revista Esquire Latinoamérica, según la cual, el Ejército de México habría fusilado a los civiles armados, la mayoría jóvenes incluida una menor de 15 años de edad, después que se rindieron y fueron capturados vivos.
La investigación periodística surge del testimonio de una testigo, que el Ejército presentó como una de tres mujeres liberadas de un secuestro en la operación en el municipio de Tlatlaya.
Desvelado un "mecanismo de impunidad"
La detención de los ocho militares del Ejército fue obligada por una investigación periodística que revela la "impunidad" del fuero militar, dijo este viernes a la agencia Nóvosti un directivo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
"El Ejército informa que ha detenido a ocho de sus miembros, por faltas a la disciplina militar. Entonces, aparece en el centro del problema lo que durante tantos años hemos combatido: el fuero militar y la inacción civil, que ha sido el mecanismo para perpetuar la impunidad en México", dijo a esta agencia Edgar Cortez, directivo del independiente IMDHD.
"La versión oficial, tanto del Ejército, como de las autoridades civiles (del operativo la madrugada del 30 de junio) ha sido desmentida más de dos meses después sólo con el trabajo de investigación de los medios de comunicación que ha obligado a que se reabra el caso", dijo el dirigente humanitario, sobre la que considera podría ser la peor masacre cometida por fuerzas militares en años recientes en la lucha contra la delincuencia en México.
"Lo cometido por el Ejército en Tlatlaya, son ejecuciones extrajudiciales y así deben ser investigadas por la justicia civil, es decir por la Procuraduría General de Justicia", había dicho el lunes pasado a la agencia Nóvosti el directivo del independiente IMDHD.
La detención en de los efectivos del Ejército en la principal plaza militar del país, en la capital, localizado junto a la residencia presidencial de Los Pinos, se ejecuta "independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento", puntualiza la Defensa Nacional en su comunicado.
"Además, la investigación sobre la muerte de 21 hombres (jóvenes) y una menor de edad (de 15 años) debe esclarecer si este hecho forma parte de una práctica reiterada", dijo Cortez, un ex sacerdote católico de la Compañía de Jesús.
Al comentar el operativo que sólo dejó un soldado herido, el dirigente humanitario recordó que el ex canciller mexicano Jorge Castañeda "ha mencionada la existencia en México de "falsos positivos", es decir personas ejecutadas que luego se aparenta como muertos en supuestos enfrentamientos".
Defensa: respeto a DDHH
Las detenciones ocurrieron después de que el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos advirtió el jueves que las tropas que violen los derechos humanos en México serían procesados.
"Nuestro compromiso es, y será a pesar de los riesgos a los que se ven expuestas las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando irrestrictamente sus derechos fundamentales. Cualquier conducta que se aleje de este precepto habremos de llevarla a las instancias jurídicas correspondientes", anunció el general ante mandos del Ejército y de la Marina, sin mencionar el caso.
Esta misma semana el expresidente de México, Vicente Fox (2000-2006), criticó el despliegue de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que comenzó durante el mandato de su correligionario de centroderecha Felipe Calderón (2006-1012), que se ha saldado con unos 70.000 muertes violentas desde entonces.
"Fue un error sacar al Ejército, fue una violación flagrante de los derechos humanos. El Ejército no está para respetar los derechos humanos. La entrada de los militares agitó el avispero, pero no funcionó. Ni se acabó con los carteles ni con la droga", afirmó Fox ante periodistas.
"¿De qué sirvió esa guerra (contra los carteles)?, se triplicó el número de homicidios respecto a mi mandato. No se puede vivir de un solo dogma. El gran cambio de (presidente Enrique) Peña Nieto es haber abandonado esa política de tema único, él no habla de carteles ni de narcos, sino de otros asuntos que importan", dijo aludiendo a las reformas estructurales que dominan el mandato actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , que volvió al poder en 2012.
La investigación de Esquire
El 18 de septiembre pasado, la investigación de la revista Esquire Latinoamérica refutó la versión oficial, según la cual los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos.
Dos meses más tarde, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dijo que "fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron".
"Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron "¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?". Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron (…)", prosigue el reportaje.
"Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que "esos perros no merecen vivir". (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban (…)", dice el testimonio.
El primer reporte oficial indicaba que en lugar fueron incautadas "38 armas, municiones y se liberaron 3 mujeres". Entre las armas decomisadas están 16 fusiles AK-47, seis fusiles AR15, y dos escopetas. El arsenal del grupo incluía 13 armas cortas, entre pistolas, revólveres y una granada de fragmentación, con 112 cargadores y cartuchos.
