Tres militares mexicanos han sido acusados del homicidio de 22 presuntos sicarios, tras un enfrentamiento ocurrido la madrugada del 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, estado de México, limítrofe con capital, que sería la peor masacre cometida por las Fuerzas Armadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Tras una investigación desatada por un reportaje periodístico, la Procuraduría General de la República ha decidido emprender "una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar", dijo el procurador federal Jesús Murillo.
"Hubo exceso de la fuerza y la tipificación del delito de homicidio", reafirmó Murillo en conferencia de prensa la noche del martes.
Una unidad integrada por un oficial y siete militares que participaron en el operativo habían sido detenidos el fin de semana, y los tres militares acusados serán arrestados y procesados por asesinato.
El enfrentamiento duró de ocho a diez minutos, y al terminar los disparos tres soldados ingresaron a una bodega donde se refugiaba un grupo armado. Los militares "realizaron una secuencia nueva de disparos que no tienen justificación alguna", dijo el procurador federal.
La acusación de homicidio contra los tres que dispararon, según las pruebas, es paralela a una investigación castrense de la Defensa Nacional, en un proceso militar por "desacato, fallas a la ley militar, indisciplina y desobediencia".
El fiscal afirmó que el teniente del grupo, el chófer y el único militar que resultó herido no participaron en la masacre de la bodega.
Marcha atrás de la primera versión militar
Originalmente, la Defensa dijo el día de los hechos que el enfrentamiento inició cuando los militares fueron atacados, que en la acción habían muerto 22 delincuentes y tres mujeres secuestradas fueron liberadas.
Una de las mujeres, al parecer madre de una joven de 15 años que según su versión fue muerta a balazos en el grupo masacrado, ofreció su testimonio a la revista Esquire y a la agencia de noticias AP.
La mujer dijo que los hombre armados, la mayoría jóvenes, se rindieron, que fueron capturados vivos –excepto uno que habría muerto en la primera refriega- y luego ejecutados uno por uno, lo que desencadenó la investigación militar y judicial.
Christof Heyns, relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dijo antes del anuncio del fiscal que las detenciones de militares son "un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes".
"Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida", lo cual está bajo sospecha en el caso Tlatlaya.
Organismos humanitarios han citado la investigación periodística divulgada la semana pasada por la versión en español de la revista Esquire Latinoamérica, según la cual, el Ejército de México habría fusilado a los civiles armados, la mayoría jóvenes incluida una menor de 15 años de edad, después que se rindieron y fueron capturados vivos.
La detención de los ocho militares del Ejército, antes de la acusación de homicidio de tres de ellos, fue obligada por una investigación periodística que revela la "impunidad" del fuero militar, dijo el viernes a la agencia Nóvosti un directivo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), cuando los militares fueron detenidos
"Aparece en el centro del problema lo que durante tantos años hemos combatido: el fuero militar y la inacción civil, que ha sido el mecanismo para perpetuar la impunidad en México", dijo a esta agencia Edgar Cortez, directivo del independiente IMDHD.
"Lo cometido por el Ejército en Tlatlaya, son ejecuciones extrajudiciales y así deben ser investigadas por la justicia civil, es decir por la Procuraduría General de Justicia", había dicho el lunes pasado a la agencia Nóvosti el directivo del independiente IMDHD.
