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Fiscalía de México no recibió versión del sacerdote sobre asesinato de 43 estudiantes

© Foto : Víctor Flores GarcíaSacerdote católico y líder humanitario Alejandro Solalinde
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El sacerdote católico y líder humanitario Alejandro Solalinde acudió a la fiscalía de México a ofrecer una versión de testigos, quienes le revelaron cómo y dónde asesinaron a 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero (sur), algunos quemados vivos, pero nadie lo recibió.

El sacerdote católico y líder humanitario Alejandro Solalinde acudió a la fiscalía de México a ofrecer una versión de testigos, quienes le revelaron cómo y dónde asesinaron a 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero (sur), algunos quemados vivos, pero nadie lo recibió.

Al salir de la sede de la Procuraduría General de la República (fiscalía) en Ciudad de México, Solalinde dijo a periodistas que el jueves entregará su versión por escrito al procurador (federal) Jesús Murilllo, quien viajó este día a reunirse con los familiares de los desaparecidos en el puerto de Acapulco, 400 km al sur.

El reconocido sacerdote, quien recibió de manos del presidente Enrique Peña el Premio Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2012, confirmó la versión adelantada el jueves 16 de octubre en una entrevista con Nóvosti, cuando dijo "los mataron" y "algunos los quemaron vivos".

Solalinde (67 años) ratificó a los periodistas, que lo esperaban a la salida de la PGR, que una persona vinculada con la policía de Guerrero es testigo presencial que le narró el secuestro y asesinato de los 43 estudiantes de magisterio rural, el 26 de septiembre en Iguala (200 km al oeste), cuando otro seis fueron muertos en las calles y 20 más heridos.

El religioso dijo de nuevo que ese testigo no ha declarado, ni ha sido detenido por la fiscalía; y le confió que algunos estudiantes "fueron quemados vivos" en una fosa localizada en una zona agreste al norte del montañoso estado de Guerrero.

El sacerdote guardará la identidad de ese testigo que le narró ante otras tres personas haber presenciado que los estudiantes fueron asesinados, "como una confesión religiosa" bajo reserva.

"Es más doloroso mantener con la esperanza a los familiares. El Gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad. No es justicia, es manejo político", expresó el sacerdote, que dirige un albergue para migrantes en Oaxaca y encabezó la denuncia de la masacre de 72 ilegales en 2010.

El procurador comentó el viernes a periodistas la versión ofrecida por Solalinde a esta agencia y al diario austriaco Der Standard: "Lo quiero repetir con contundencia, están desaparecidos; mientras yo no tenga evidencia de otra cosa ellos están desaparecidos", dijo Murillo.

"Me parece que (el padre Solalinde) es una persona muy respetable, en consecuencia lo voy a invitar a que venga a declarar, porque me parece muy importante la información que él tiene", dijo el Procurador. Pero este lunes nadie quiso recibirlo, en ausencia del titular de PGR.

El sacerdote dijo que aceptaba la invitación a colaborar con la Procuraduría, pero advirtió: "los testigos temen por su vida".

Después de las declaraciones del padre Solalinde, "es preciso conocer detalles de su información y esperar los resultados oficiales", dijo este lunes a Nóvosti el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perceo Quiroz.

El resultado infructuoso de las pesquisas ha sido presentado a los familiares por el Procurador General de la República, Jesús Murillo, y del secretario de Gobernación (Interior), Ángel Osorio, en una reunión celebrada la tarde del lunes en el puerto turístico de Acapulco.

Las investigaciones oficiales, que no han podido establecer el destino de los jóvenes estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapan, Guerrero, ha sido recibida con gran "desesperación" por los familiares, dijo a esta agencia el director ejecutivo en México de Amnistía Internacional (AI), Perceo Quiroz.

Una delegada de Amnistía asistió al encuentro con las máximas autoridades del caso y reportó que "hay mucha desesperación entre los familiares por la falta de resultados concretos. Y peligra el rompimiento del diálogo en caso", dijo Quiroz.

El presidente Enrique Peña, ha prometido que esta vez no habrá impunidad.

Hasta la fecha han sido detenidos 36 policías municipales y 17 mafiosos del cártel narcotraficante de los Guerreros Unidos, ligados al alcalde Iguala, José Luis Abarca, según las pesquisas.

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