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España conocía la existencia de campos de concentración en Argentina

© Wikipedia / С3POAdolfo Suárez, el primer ejecutivo la democracia española
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Una investigación periodística en España revela que el Gobierno de Adolfo Suárez, el primer ejecutivo la democracia española, estaba al corriente de cada una de las denuncias que llegaban a su embajada en Buenos Aires sobre lo que estaba ocurriendo bajo la dictadura de Rafael Videla, incluidos los campos de concentración.

Una investigación periodística en España revela que el Gobierno de Adolfo Suárez, el primer ejecutivo la democracia española, estaba al corriente de cada una de las denuncias que llegaban a su embajada en Buenos Aires sobre lo que estaba ocurriendo bajo la dictadura de Rafael Videla, incluidos los campos de concentración.

"Conocían de primera mano la horrorosa realidad a la que estaba sumergida Argentina", afirma el periodista Danilo Albin en el diario Público. "A pesar de ello, el Gobierno, amparado por el rey Juan Carlos, no tuvo ningún reparo en continuar firmando acuerdos y negocios con la dictadura argentina", explica.

Según el medio español, los documentos secretos muestran que el Gobierno de Suárez conocía incluso la existencia del campo de concentración en Campo de Mayo, "un regimiento militar que albergó uno de los peores centros de exterminio". El propio cónsul español, según un informe enviado a Madrid en junio de 1976, daba a conocer su existencia.

El diario Público inició este lunes una serie de artículos sobre la relación entre la dictadura Argentina y España, resultado de "varios años de investigación y de numerosos viajes a Argentina del periodista Danilo Albin", aseguró a Nóvosti el director del medio, Carlos Enrique Bayo.

Entre 1976 y 1983, la embajada y consulados de España en Argentina recibieron innumerables pedidos de auxilio por parte de los familiares de los desaparecidos. "Más de 700 españoles, entre nativos y descendientes, fueron secuestrados y desaparecidos como consecuencia de la dictadura, sin ninguna ayuda de España", señala los documentos que muestra Público.

"Esta dramática realidad quedó debidamente reflejada en el documento ‘muy reservado’ que elaboró el encargado de Asuntos Consulares a finales de octubre de 1976. A través de esta nota oficial, el Gobierno español pudo conocer cómo se desarrollaban habitualmente los operativos en que eran secuestrados sus connacionales", asegura el medio. "Respecto a los desaparecidos -señalaba-, el esquema más común es que la detención se hace en las horas de la madrugada por un grupo de gente armada, que con frecuencia se presentan como policías de paisano, y a veces con traje militar de fajina".

"Suelen llevarse a los detenidos con los ojos vendados a un lugar desconocido y con frecuencia saquean el domicilio. Algunos de los detenidos, de esta forma, son puestos en libertad a los pocos días, de noche, llevándolos en automóvil a algún lugar -a veces en plena ciudad-, donde los dejan con los ojos vendados y con el compromiso de no quitarse la venda hasta transcurridos unos minutos. Son los que sus raptores no consideran peligrosos, después de extensos interrogatorios. De los otros, alguno ha sido llevado, también de madrugada, en el maletero de un coche a una comisaría de Policía. La mayoría, sin embargo, desaparecen sin dejar rastro", advertía el informe que el cónsul español envío con todo detalle a España.

Durante toda esa situación, según los documentos consulares, los represores aprovechaban para hacer negocio vendiendo información de los detenidos y desaparecidos.

"Se ha recibido información, muy confidencial, de que hay algunos miembros de la Policía que, mediante el pago de una cantidad que al parecer oscila entre los 10.000 y los 30.000 pesos (entre 40 y 70 dólares de la época), suministran información sobre lo ocurrido a extranjeros desaparecidos. Según dichas informaciones, alguna embajada acreditada en Buenos Aires ha utilizado dichos servicios", explicaba el encargado de Asuntos Consulares de la embajada de España en Argentina, José Luis Pérez Ruiz, en una carta al ministro de Exteriores, Marcelino Oreja. Le preguntaba por si había interés en obtener dicha información sobre los detenidos españoles.

La respuesta debió ser afirmativa porque el embajador, Gregorio Marañón, dio su aprobación para la compra de información. Sin embargo, todavía hoy no hay noticias de los españoles desaparecidos en aquel entonces, bajo la dictadura de Videla.

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