El Coordinador Humanitario de la ONU en los territorios palestinos ocupados, James W. Rawley, ha pedido hoy a Israel que detenga las demoliciones de casas de palestinos que han llevado a cabo ataques contra israelíes.
"Esta práctica tiene como objetivo las viviendas familiares de los que perpetran o presuntamente perpetran ataques contra civiles israelíes y sus fuerzas de seguridad, con el objetivo declarado de disuadir a otros de que cometan ataques", ha señalado Rawley en un comunicado.
"Las demoliciones punitivas son una forma de pena colectiva que castiga a personas por actos que no han cometido y deja a inocentes sin hogar", ha subrayado Rawley.
El comunicado indica que entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de este año Israel ha demolido o precintado cinco viviendas de autores de ataques -o presuntos atacantes- contra israelíes o judíos en Israel y en los territorios palestinos ocupados y han dejado sin hogar a 34 palestinos, entre ellos 16 menores. Seis familias más, cuatro en Jerusalén Este y dos en Cisjordania -territorios ocupados por Israel-, están a punto de perder sus casas por el mismo motivo.
A pesar de peticiones internacionales como ésta, la fiscalía del Estado israelí defiende la práctica de demoler las casas de los árabes -pero no de los judíos- que cometan "actos de terrorismo".
Aner Hellman, del equipo de la fiscalía general del Estado de Israel dijo al Tribunal Superior de Justicia que el objetivo de las demoliciones es disuadir, no castigar, según publica hoy el diario israelí "Haaretz".
Hellman considera que como no hay necesidad de disuadir a posibles atacantes de la comunidad judía, no es necesario incluirlos en la demolición de casas.
El tribunal aceptó una denuncia de ocho organizaciones de derechos humanos en contra de la política de Israel de demoler casas de autores de ataques, hecho que deja a sus familias en la calle.
Los denunciante afirman que la demolición es una forma de castigo colectivo que viola el derecho internacional y podría ser en algunos casos un crimen de guerra.
También plantean la cuestión de la discriminación, ya que la demolición de viviendas no se practica contra judíos. Los denunciantes alegan que el Estado no demolió las casas de los secuestradores y asesinos del adolescente palestino Mohamed Abu Jdeir.
"Este es un caso impactante, pero no se producen casos generalizados para que sea necesario disuadir al sector judío", dijo ayer Helman al tribunal. "Si no está destinada a disuadir, la cláusula no debe ponerse en práctica", ha añadido.
El abogado de los denunciantes, Michael Sfard, indicó que aunque las demoliciones pretendan disuadir, "hacen daño a personas inocentes y plantean cuestiones morales serias". Sfard señaló que las demoliciones violan el derecho internacional.
"Creemos que después de 36 ó 29 años, este tema debe ser examinado, sobre todo porque se han producido muchos cambios en el derecho internacional desde la década de 1980. Cualquiera que enseña derecho internacional explica que esa cláusula es ilegal. La ley judía prohíbe también el castigo colectivo", manifestó Sfard.
"Si esta cláusula (que permite demoliciones) fuera promulgadas hoy creo que la corte la revocaría porque contradice el núcleo vital de la Ley Fundamental la dignidad humana", recalcó el abogado.
Helman ha apuntado que resoluciones judiciales anteriores han resuelto la cuestión y que el Estado utiliza su autoridad con moderación. "Donde la ley israelí y la internacional chocan, la legislación israelí tiene prioridad", dijo.
Las familias de los dos palestinos que mataron a cinco personas en una sinagoga del barrio de Har Nof, en Jerusalén, Ghasan y Uday Abu Jamal, presentaron una petición al tribunal para que impida la demolición de sus casas.
El abogado de las familias, André Rosenthal, ha negado la afirmación de que las demoliciones tienen un efecto disuasivo. "No hay ninguna evidencia de esto. El resultado es el contrario, provocan odio y la posibilidad de que los parientes quieran vengar la demolición de su casa", aseguró.
Rosenthal también destacó que no hay ninguna prueba de que los familiares de los atacantes supieran que sus parientes iban a llevar a cabo el atentado.
Las demoliciones contra casas de autores de ataques se llevaron a cabo hace años y se interrumpieron. En los últimos nueve años no se había producido ninguna. Un sector delos servicios de seguridad y de inteligencia considera que no es una medida efectiva y que genera resentimiento.
