Una de las integrantes del grupo ruso de música punk Pussy Riot procesadas por una ‘oración’ improvisada en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, Ekaterina Samutsévitch, a la que el Tribunal Municipal de Moscú concedió la libertad condicional, puede solicitar la revocación de licencias de abogado a Mark Feiguin, Nikolai Pólozov y Violeta Vólkova que anteriormente habían representado los intereses del grupo.
Así lo comunicaron el pasado 20 de noviembre varios medios de información.
Una de las causas de esto es la supuesta renuncia de los abogados a ponerse en contacto con Samutsévitch y devolverle sus objetos personales: las llaves de casa, el pasaporte y el documento emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los actuales abogados de las Pussy Rior necesitan estos documentos para “continuar la lucha”, afirma Samutsévitch.
Se podría comparar esta situación con un guión clásico, el de una tormenta en un vaso de agua, si no hubieran tenido lugar los siguientes hechos.
El caso Pussy Riot tuvo una amplia repercusión en la sociedad, porque un gamberrismo común y corriente fue elevado casi a nivel de un crimen cometido contra el régimen capaz de hacer tambalearse los principios fundamentales del Estado en general.
Los acontecimientos actuales son una continuación lógica del culebrón con la participación de la Iglesia, los organismos de instrucción y las autoridades judiciales, sin la que toda la escenificación no tendría sentido.
Además, todos los que tienen algo que ver con el caso de Pussy Riot no son inocentes y cometieron durante el último año faltas evidentes o errores tácticos.
Los ‘héroes’ del escándalo actual, los abogados Mark Feiguin, Nikolai Pólozov y Violeta Vólkova, afirman que “el verano pasado, las autoridades de Rusia lanzaron una campaña para perjudicar la reputación de la defensa de Pussy Riot”.
Según ellos, el intercambio de acusaciones que tiene lugar hoy en las redes sociales y medios de información sólo es una etapa de la campaña anunciada. Pero cualquier ‘campaña lanzada para perjudicar cualquier reputación” debe basarse en hechos reales o conjeturas.
En este caso no hay necesidad en conjeturas porque hechos hablan por sí mismos. Es evidente que nadie, ni siquiera los propios abogados, puede dar una explicación lógica de dos acontecimientos como mínimo.
¿Qué objetivos perseguía el abogado Feiguin al solicitar el registro de la marca comercial Pussy Riot en varios países con la ayuda de su esposa, cuando al menos una de las integrantes del grupo, Ekaterina Samutsévitch, estaba en contra de esto?
¿Por qué, a diferencia de la nueva letrada de Samutsévitch, Irina Jrunova, la exabogada de la joven, Vólkova, no hizo hincapié en el hecho que su defendida no cometió el delito del que se le acusaba, ya que fue detenida inmediatamente después de entrar en el altar de la catedral y por tanto no llegó a participar en el ‘rezo punk’?
La conducta de Ekaterina Samutsévitch tampoco parece lógica. Por ejemplo, ¿qué le impedía preocuparse del destino de su pasaporte hace un mes digamos? Y ¿por qué no se atrevió a renunciar a su abogada defensora, Violeta Volkova, antes del estudio por las autoridades judiciales del recurso en casación contra la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia?
A juzgar por todo, no se deben esperar respuestas argumentadas en la coyuntura actual. Cada parte tiene una razón: consiste en que hasta hoy en día, todos están interesados en sacar provecho del polémico proceso.
Los abogados pueden aprovecharse de una publicidad adicional. Y, según se sabe, no existe la mala publicidad, excepto la nota necrológica.
Samutsévitch está interesada en un escándalo por la misma razón. La polémica suscitada al respecto la convierte, de hecho, en una persona de corte radical cuyas acciones suscitan interés periodístico y que es capaz de ejercer influencia en la opinión pública.
En cuanto a la intención de Samutsévitch de revocar su estatus a los exabogados de las Pussy Riot, sería inoportuno discutir en serio este asunto ahora.
Ni siquiera el abogado Daguir Jasavov perdió su estatus, a pesar de que la Fiscalía General de Rusia declaró extremistas sus declaraciones sobre la necesidad de introducir en el país los tribunales de la Sharia islámica, palabras difundidas por las cadenas de televisión rusa hace varios meses. Según él, la comunidad musulmana debe establecer sus propias normas, y si esto se le impide, pueden ocurrir consecuencias sangrientas.
Y ahora sólo se trata de un pasaporte…
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
