Los crímenes rara vez se resuelven, y cuando es así sólo pagan los peones, los ejecutores materiales, mientras los responsables, los que financian y ordenan los crímenes, continúan impunes. «Los países centroamericanos», comenta Rafsky, «están viviendo una espantosa epidemia de crímenes violentos. Figuran entre los países más violentos del mundo, y las causas son varias, pero podemos citar la confluencia del crimen organizado y los cárteles mexicanos, las maras locales y el crimen callejero, y todos, desde el gobierno hasta los jueces o la prensa, sufren las consecuencias».
Obviamente, este teatro del miedo ha creado una atmósfera irrespirable, pues «una vez que la prensa es amenazada, no puede cumplir con su trabajo, y eso supone que la gente no pueda informarse, con lo cual el debate público se empobrece, no se habla de la corrupción gubernamental, nadie explica que sectores y zonas del país están bajo el control del crimen organizado». Los periodistas, que temen por su vida, callan, y el silencio alimenta «una situación muy peligrosa para la sociedad». Preguntada por la reciente oleada de menores indocumentados que llegaron a la frontera de EE.UU. procedentes de Centroamérica, la conexión entre esa estampida y la desolación en los lugares de origen, Rafsky subraya lacónica que «Hablamos de países extremadamente violentos y pobres. Quien no querría una vida mejor, ¿verdad?».
Luego está el asunto del apagón informativo a nivel internacional, el desinterés que existe hacia semejante tragedia: «Hubo un periodo, en los setenta y los ochenta, que Centroamérica fue objeto de gran atención por parte de la prensa, pero fue hace mucho, y son países pequeños y pobres, y hay tantos conflictos en el mundo que nos hemos olvidado de ellos. Y por supuesto también debemos tener en cuenta las transformaciones sufridas por una prensa con menos recursos y dinero para mantener las corresponsalías internacionales, con lo que historias como estas, no destinadas a las portadas, se pierden».
¿Hay motivos para la esperanza? «Bueno, es difícil, pero tenemos el ejemplo de países como Colombia, que han atravesado situaciones similares, o México, donde se ha aprobado una legislación que permite a las autoridades federales perseguir los crímenes contra los periodistas y la libertad de expresión». Lo único claro es que la falta de datos sólo puede combatirse si se promueven las investigaciones y se fortalecen los precarios mecanismos con los que cuentan los funcionarios decentes, los jueces incorruptibles, los políticos decididos a limpiar la casa, y que la prensa, una prensa libre, ha de jugar un papel clave. «Afortunadamente», comenta, «se trata de países democráticos, plenamente integrados en los organismos internacionales, y por lo tanto receptivos a lo que pueda decírseles desde fuera, recordando que el asesinato de periodistas es un crimen contra los derechos humanos y la libertad de prensa que debilita a la democracia y la hace más vulnerable».
