El diario ruso Kommersant se hace eco hoy del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que redactó el Ministerio del Interior español para imponer multas de hasta 600.000 euros por participar en manifestaciones no autorizadas.
La norma contempla castigos de 30.000 euros para los que insulten a un policía y hasta 600.000 euros por “infracciones administrativas muy graves” como la asistencia a concentraciones no autorizadas ante el Congreso de los Diputados, escribe el periódico.
Según activistas consultados por el rotativo ruso, la propuesta “antidemocrática” del Interior busca disminuir las protestas antigubernamentales que no cesan en el país desde el estallido de la crisis económica.
Entre las infracciones muy graves figuran también reuniones en lugares que se consideren infraestructuras sensibles como centrales nucleares y aeropuertos.
España vive desde la primavera de 2011 masivas protestas contra la política de las autoridades, organizadas, entre otros grupos, por el Movimiento 15M. No todas las concentraciones son pacíficas, pues algunas acaban en choques entre policías y manifestantes, recuerda Kommersant.
Fuentes del Ministerio de Interior de España dijeron al diario ruso que la ley sobre las multas estaba preparada desde hacía más de una década, pero ahora toca adaptarla a la nueva realidad.
Según Ana Barba, del comité de coordinación del Movimiento 25S, que agrupa a parte de los descontentos con la política gubernamental española, las autoridades temen una nueva ola de protestas y pretenden apretar las tuercas.
La activista opina que el Gobierno quiere maquillar los indicadores económicos del país para confundir a la troika de acreedores y los mercados internacionales, pero en realidad, dice, la situación en España no hace más que empeorar.
