La Comisión Europea reanudó la campaña contra el proyecto de gasoducto South Stream, al cuestionar la legalidad del contrato para la construcción del tramo búlgaro de la tubería que ganó un consorcio ruso-búlgaro. Bruselas exige parar las obras hasta nueva decisión; Sofía, de momento, se niega a ceder, escribe Kommersant.
La semana pasada se informó que un consorcio formado por la rusa Stroytransgaz y la búlgara Gasproekt Jug había ganado la licitación para llevar a cabo las obras y la puesta en marcha del South Stream en territorio búlgaro.
El 2 de junio Bruselas propuso a Sofía congelar la construcción del tramo hasta demostrar que no viola la legislación europea.
Bulgaria tiene un mes para responder. Si no lo hace, podría enfrentar sanciones, tal y como advirtió el presidente de la CE, José Manuel Barroso.
Según fuentes consultadas por Kommersant, Bruselas no puede influir en el proyecto, pero sí puede presionar a Bulgaria recortando subsidios.
No obstante, hasta el momento las autoridades búlgaras se han mostrado reacias a hacer concesiones.
El titular de Economía y Energía, Dragomir Stoynev, se pronunció en contra de la politización del proyecto South Stream y abogó por no utilizar la tubería como un “rehén” de las relaciones entre Rusia y Ucrania.
Según el director de АК Small Letters, Vitali Kriukov, Bruselas teme perder su influencia sobre Sofía. El experto no ve motivos para parar las obras pero reconoce que la Comisión Europea podría exigir revisar los resultados de la licitación que otorgó el contrato para la construcción de parte de South Stream al consorcio ruso-búlgaro.
