El Gobierno libio pidió el lunes ayuda internacional para impedir una “catástrofe humanitaria y ecológica”, que el país afronta debido a los enfrentamientos entre partidarios y detractores de instaurar un Estado islámico. Se trata del mayor conflicto armado desde la caída de Muamar Gadafi que pone Libia al borde de la desintegración, escribe Kommersant.
En primer lugar, se trata de posibles consecuencias ambientales del incendio que se declaró el lunes en un depósito con seis millones de litros de petróleo cerca del aeropuerto de Trípoli. El fuego fue provocado por el impacto de un proyectil en las instalaciones en las que se almacena un total de 90 millones de litros de combustible.
Previamente, la zona del aeropuerto ya era escenario de intensos combates. La zona está bajo control de la llamada Brigada de Zintan que respalda al general Jalifa Haftar, quien se rebeló contra el actual Gobierno por considerarlo islamista. Por el momento, los militantes de la Brigada consiguen repelar los ataques yihadistas, pero los combates por el aeropuerto ha causado ya al menos 97 muertos.
La tensión empeora en otras regiones de Libia. Enfrentamientos y combates con el uso de armas pesadas se producen en la segunda ciudad más importante del país, Bengasi, donde los partidarios de Haftar luchan contra el grupo salafita Ansar al Sharía.
La creciente desestabilización de Libia afecta directamente a los extranjeros presentes en el país norteafricano, incluidos los diplomáticos. El domingo, los islamistas atacaron un convoy de la embajada británica. Ante este y otros incidentes, varios países han urgido a sus ciudadanos a abandonar el territorio libio, y EEUU ya ha evacuado a todo el personal de su legación al vecino Túnez.
Las propias autoridades libias se dan cuenta de que el que el conflicto degenera según el peor de los pronósticos. A finales de la semana pasada, el Ejecutivo de Abdalá al Zani admitió que el país está al borde de un “colapso” y una “guerra interminable”, y llamó a los bandos enfrentados a cesar el fuego y dejar las armas.
No obstante, lo que ocurrió a continuación mostró que el Gobierno ya no tiene autoridad ni para los yihadistas, ni para los partidarios de un Estado laico.
