Los documentos, que fueron sacados del país, pondrían de relieve la presunta responsabilidad del presidente Bashar Asad y 24 altos cargos en el aplastamiento de las movilizaciones en 2011.
Según la edición, "la CIJA ha logrado recopilar medio millón de páginas de órdenes e informes sobre los arrestos masivos y las detenciones por las protestas".
Las tropas gubernamentales hacen frente a distintos grupos terroristas, entre los que destaca el llamado Estado Islámico, que anunció la creación de un califato en amplios territorios de Siria e Irak.
Basándose en la documentación obtenida la Comisión ha preparado tres expedientes en relación con los funcionarios del Ministerio del Interior, la Inteligencia, las fuerzas de seguridad y miembros del partido gobernante Baas.
El diario asegura también que la operación llevó tres años y para sacar las pruebas del país participaron alrededor de medio centenar de investigadores locales, uno de ellos fue asesinado, otros dos recibieron heridas graves y varios fueron arrestados y supuestamente torturados.
La CIJA, según la edición, fue formada por EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Noruega, Canadá y Dinamarca con asesores jurídicos y jueces que en el pasado trabajaron en la Corte Penal Internacional e investigaron los crímenes de guerra en Yugoslavia y Ruanda.