El Tribunal Constitucional español ha avalado gran parte de la reforma laboral aprobada por el Gobierno conservador en 2012. Nueve magistrados han votado a favor, entre otras cosas, de que salga adelante el 'contrato de apoyo a emprendedores', que permite la contratación con un año de pruebas con despido libre, sin indemnización.
Además, el Tribunal avala la no aplicación de los convenios en puntos concretos o en su totalidad y ve legal priorizar el convenio del sector frente al de una empresa particular.
Los sindicatos mayoritarios en España de izquierda, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han criticado duramente esta decisión porque consideran que “menoscaba gravemente el derecho a la negociación colectiva”.
Aseguran que “retrotrae a los trabajadores a la época franquista de las relaciones laborales” y advierten que
Sin embargo, ha sido el aval del Tribunal al contrato con despido libre lo que más ha indignado a los sindicatos. Según un juzgado catalán, esta medida “contraviene la Carta Social Europea en lo referente al derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo”.
Los líderes de los sindicatos advierten que los trabajadores españoles “no pueden desarrollar una vida con estabilidad ante la incertidumbre que genera este tipo de empleos”.
Los sindicatos, que presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por esta reforma, recuerdan ahora las conclusiones del organismo de Naciones Unidas, que criticó “el debilitamiento de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en España”. En el informe, la organización echaba en cara a Rajoy que pusiera como excusa la crisis económica para sacar adelante la reforma. Sin embargo, tanto el Gobierno como el Tribunal Constitucional ignoran la posición de la OIT.
CCOO y UGT estudian presentar reclamaciones a nivel internacional.
