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La destitución de la ministra es un acto positivo e "inédito" para frenar la corrupción en Guatemala

© AFP 2023 / JOHAN ORDONEZEl presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
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La destitución de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, María José Iturbide, es una señal positiva e inédita de la lucha contra la corrupción por parte del presidente Bernardo Arévalo, aseveran expertas consultadas por Sputnik.
La decisión del mandatario guatemalteco "es un signo positivo porque él ha venido, de alguna manera, gestando distintos cambios no solamente a nivel discursivo, sino también ha generado ciertos precedentes, como la denuncia que hizo a partir del contrato anómalo que se detectó sobre la compra de vacunas [contra el COVID-19] durante la pandemia", refiere la doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Claudia Serrano.
Mientras tanto, la maestra en relaciones internacionales por la misma casa de estudios, Rocío Méndez Bautista, expone que, si bien la respuesta del jefe de Estado guatemalteco fue tardía, es la más adecuada.

"Es un acontecimiento inédito en la historia de Guatemala y, a pesar de que pueda haber contraposiciones a la decisión que ya se tomó por parte de grupos que defiendan lo indefendible, sería muy complicado que la regresaran o colocaran en algún otro de los puestos importantes del gabinete o en el Gobierno. La decisión que tomó Arévalo fue correcta y bien vista, por lo que serán pocos los inconformes" con la destitución de Iturbide.

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El 4 de abril, el medio independiente guatemalteco, Vox Populi, dio a conocer una investigación acerca de la funcionaria, quien presuntamente habría otorgado a su hija, María Fernanda Iturbide Flores, vehículos y protección del Estado, con lo que incurriría en supuestos actos de corrupción, peculado y abuso de autoridad. Mientras tanto, Iturbide Flores podría ser investigada por tráfico de influencias.
Un día después, el mandatario de Guatemala señaló en redes sociales que había hablado con Iturbide sobre este tema y, a su vez, instruido al comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo Vila, para redactar un nuevo Código de Ética para las personas que desempeñan cargos en la administración pública local.

A pesar de esta acción, la población guatemalteca realizó una fuerte presión en redes sociales para que la ministra de Ambiente y Recursos Naturales fuese destituida. A estos reclamos se sumaron los comentarios de la vicepresidenta guatemalteca, Karin Herrera, quien estimó que el caso era "inadmisible".

Finalmente, el 7 de abril, Arévalo anunció el despido de Iturbide. "No toleraremos prácticas que puedan estar reñidas con el debido comportamiento de todo servidor público. Este es un precedente para todo nuestro gabinete, que, además, fijará criterio para otros órganos de la administración pública", subrayó.

Otras investigaciones sobre la mesa

Serrano recuerda que, durante la campaña y gestión de Arévalo, quien lleva solo tres meses al frente de la Presidencia de Guatemala, uno de los ejes rectores de su proyecto ha sido el combate a la corrupción.
Como ejemplo, señala la querella con la titular del Ministerio Público guatemalteco, Consuelo Porras, con quien sostuvo tensos momentos por las diversas investigaciones que el organismo llevó a cabo en 2023 contra Movimiento Semilla, el partido al que pertenece el ahora mandatario.
La funcionaria pública renunció el 29 de enero, después de que el Gobierno de Estados Unidos abriera una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción.
Al destituir a Iturbide "evitó que procesos como el de las vacunas o contra la fiscal se vieran salpicados si no tomaba una decisión contundente", asevera.
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En este sentido, Méndez Bautista apunta que el despido de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales ayudará a Arévalo a enviar un mensaje a los integrantes de la administración pública guatemalteca a no incurrir en ninguna clase de delitos.
Con ello, "debería exhortar a los ministros a seguir por la línea de la ética, para luchar en conjunto con este gran vicio de la corrupción. Además, a pesar de que la ministra tiene un peso preponderante a nivel político [en Guatemala], no pudo ni ha podido justificar de ninguna manera lo que pasó (...). Por ejemplo, violó el Código de Ética y la ley sobre el uso de los recursos públicos y, al no tener argumentos para defenderse, terminó perdiendo", menciona.
Al respecto, las últimas declaraciones de Iturbide sobre este escándalo fueron el 4 de abril. La ahora exministra reconoció el uso de los recursos y argumentó que esto era para proteger a su hija, quien había sido intimidada y perseguida días antes.

Más retos a futuro para Arévalo

Además de continuar con la lucha contra la corrupción, las expertas vaticinan otros retos para Arévalo, quien detentará el poder en Guatemala durante los próximos cuatro años.
Méndez Bautista considera que uno de los más relevantes es su comunicación en redes sociales, ya que la presión ejercida por la población fue esencial para la salida de Iturbide del gabinete guatemalteco.
"Al menos en Guatemala, la sociedad ya se rige prácticamente por las redes sociales, por lo que la política que implemente el presidente Arévalo tendrá un impacto y críticas en estos medios (...), pero puede emplearlos a su favor y convertirlos en instrumentos y facilitadores de comunicación con la población en general", estima.
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Para ello, la especialista dice que el mandatario guatemalteco requiere lanzar campañas de redirección cultural sobre la corrupción en estas plataformas, en aras de eliminar este delito y, a su vez, acabar con otro problema nacional: la pobreza.

"Tiene que demostrar que los recursos que se administran de manera apropiada se pueden distribuir en la población", indica.

Por otro lado, Serrano explica que otro desafío es evitar que los grupos políticos opositores a su Gobierno abonen a un clima de inestabilidad en el país centroamericano.
"El gran reto es que él vaya disminuyendo la posibilidad de que exista una maniobra en la que otros grupos políticos pretendan quitarle credibilidad o cuestionarle sobre su forma de gobierno, a grado tal que escale a una movilización social o un cuestionamiento abierto" hacia su mandato, concluye.
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