"No existiría el crimen organizado sin corrupción estatal": la violencia en Guanajuato se dispara

La colusión de grupos criminales con autoridades para la realización de negocios que van desde el narcomenudeo hasta el tráfico de migrantes han colocado al estado mexicano de Guanajuato (centro) en los primeros lugares de violencia criminal de México y del mundo, señalan especialistas consultados por Sputnik.

La violencia "está totalmente fuera de control", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera el pasado 3 de abril, dos días después del asesinato de Gisela Gaytán, candidata del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Celaya, una ciudad industrial de poco más 370.000 habitantes y que en los últimos años se ha convertido en una de las urbes más violentas de México.

Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde 2018, Guanajuato encabeza la lista de entidades con mayor número de homicidios de todo el país, incluso por arriba de estados como México, Ciudad de México y Veracruz, los más poblados de la nación.

En 2022, el último año con cifras disponibles del Inegi, este estado, de 6,1 millones de habitantes, registró 4.329 homicidios, mientras que, en el Estado de México, la entidad más poblada del país con casi 17 millones de habitantes, reportó 3.257. La Ciudad de México, con 9 millones de habitantes, registró 747 y Veracruz, con una población de 8 millones, reportó 787 defunciones por homicidio.

En una década, el número de homicidios en Guanajuato pasó de 445 en el año 2010 a 5.370 en 2020, el pico más alto en el estado en los últimos 13 años, según una revisión de Sputnik de los datos oficiales. En 2021 y 2022, los homicidios registraron una pequeña disminución, con 4.333 y 4.468, respectivamente; es decir, en 13 años los homicidios crecieron en el estado 903%.

Homicidios en Guanajuato 2010-2022

© Foto : Inegi

Si bien los homicidios no dejaron de aumentar en Guanajuato de 2010 a 2020, entre los años 2015 y 2017 hubo un aumento de más de 113%, al pasar de 970 a 2.285, de acuerdo con los datos del Inegi, basados en registros civiles y actas de defunción.

Aun cuando Guanajuato ocupó en 2023 el sexto lugar en tasas de asesinatos, después de Colima, Morelos, Baja California, Chihuahua y Zacatecas, la cifra de 40.19 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes que registró el estado en ese año, dobla la tasa nacional, de 19.28 crímenes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) y, a partir de 2018 ha sido el estado con mayor número absoluto de homicidios.

La colusión entre el crimen y las autoridades

"Se veía venir la escalada en la violencia homicida en el Estado", dice Fabrizio Lorusso, un académico de origen italiano de la Universidad Iberoamericana de León especialista en violencia, desaparición y búsqueda de personas en México y Guanajuato.

"El problema es cuando aparecen grupos criminales con una conformación paramilitar, altamente organizados y altamente armados en el espacio público y disputándose territorios entre ellos", afirma Lorusso, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.

De acuerdo con el especialista, en 2015 aparecen en redes sociales videos con hombres armados con fusiles de asalto y otras armas de alto poder del grupo denominado Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), una organización que nace en 2008-2009 probablemente originada desde células de Los Zetas, otra banda conformada principalmente por exmilitares que en un principio fungieron como brazo armado del Cártel del Golfo.

Los Zetas, señala el académico, libraban en esa época una batalla con otras organizaciones locales en Michoacán y sus miembros se refugiaron en Guanajuato donde ya había grupos locales que se fueron empoderando hasta consolidar el CSRL.

"No era un secreto para las autoridades y en general tampoco para la prensa, aunque no se hablaba mucho del tema porque Guanajuato vendía otra imagen", explica Lorusso.

En 2015, aparecen grupos armados en YouTube amenazándose unos con otros, principalmente entre CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); comienzan a aumentar los homicidios, las ejecuciones múltiples, los enfrentamientos armados, en una guerra abierta cuya máxima expresión tuvo lugar el 5 de mayo de 2015, cuando integrantes del CJNG derribaron con un RPG un helicóptero Cougar del Ejército mexicano, con 18 personas a bordo, entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, en el occidente de Jalisco.

Para Lorusso, no solo se trata de una batalla por el control del negocio del "huachicol" —como se le llama en México al robo de combustible y que cobro auge en Guanajuato por las instalaciones petroleras de Salamanca, una de las seis refinerías con las que cuenta el país— o de las drogas, sino de muchos negocios más, y de redes macrocriminales mafiosas que incluyen sectores de la economía, de la política y de la administración pública junto con el crimen organizado.

"No existiría el crimen organizado sin corrupción estatal y, sobre todo, en el eslabón más débil que es el municipal", afirma Lorusso en entrevista con Sputnik.

Diversidad de negocios

Guanajuato es actualmente gobernado por Diego Sinhué, un político emanado del Partido Acción Nacional (PAN), el mismo partido político de derecha que ha gobernado el estado desde hace más de tres décadas y que ha hecho de la entidad uno de sus más firmes bastiones a nivel nacional. Se trata de un estado en el que el PAN resistió al tsunami electoral morenista que arrasó en 2018 y colocó a López Obrador en la presidencia.

Para Lorusso, las redes mafiosas que se han establecido en el estado han alcanzado prácticamente a todos los aparatos políticos de la entidad, desde el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de Justicia, los ministerios públicos, las agencias de investigación criminal en los municipios, las secretarías de seguridad pública estatal y municipales, las policías de tránsito y otros actores.

Y es que, a decir del investigador, los negocios no solo son el robo de combustible, el narcotráfico y el narcomenudeo, sino también la producción de drogas sintéticas, la trata de mujeres, el tráfico de migrantes que pasa por la entidad, el secuestro —en ocasiones perpetrado de manera masiva— y, sobre todo, la extorsión a pequeños negocios particulares, el llamado cobro de derecho de piso, o esquemas como préstamos que luego se convierten en prácticamente motivos de desaparición y de muerte por unos pocos miles de pesos.

"Gobierna, pero no manda"

En su conferencia mañanera del pasado 2 de abril, López Obrador hizo una fuerte crítica al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, un funcionario que ha estado al frente del órgano de procuración de justicia del estado los últimos 15 años, desde 2009, cuando todavía se denominaba Procuraduría General de Justicia del Estado y ha pasado por cuatro administraciones de los gobernadores Manuel Oliva Ramírez, Héctor López Santillana (interino), Miguel Márquez Márquez, y ahora de Ramírez Vallejo.

López Obrador contó que, en su momento, recomendó al gobernador Ramírez Vallejo remover al fiscal Zamarripa "simplemente porque no había resultados", pero que el mandatario panista no sólo no le hizo caso, sino que lo delató ante el fiscal estatal. "El gobernador gobierna, pero no manda, lamentable", dijo el presidente en esa conferencia de prensa.

"Sin duda es un factor de poder muy importante", afirma Lorusso.

"[El crimen organizado] necesita protección o cooperación de parte de instituciones estatales, y ¿cuáles son esas instituciones?, algunas que están en el territorio junto o al lado de grupos criminales, como las policías locales, la secretaría de seguridad pública local, los tránsitos, pero también, quién pone visto bueno sobre este tipo de instituciones locales de seguridad es la Fiscalía del Estado de Guanajuato o la Secretaría de Seguridad Pública, en este orden, predominando la Fiscalía", afirma el investigador.

La Fiscalía, dice Lorusso, tiene un control directo sobre quién procura justicia y quién investiga en campo o en oficina esos temas. "No estoy diciendo que está involucrado de lleno y completamente en el crimen organizado, pero viven en áreas de negocio, políticas, territoriales, geográficas y con un área gris intermedia en donde trabajan en red", afirmó.

"Se les llama desde las academias redes 'macrocriminales' o mafiosas (…) son áreas de tolerancia, de cooperación, de franquicia, de concesión a grupos que se dedican a ilícitos que finalmente atienden y se sirven de cierta gobernanza criminal, gobernanza armada incluso", asegura el especialista de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de León.

"El crimen organizado local, sobre todo, pero también el foráneo, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, dialoga con esos poderes", dice Lorusso.

Crimen de Gaytán: mensaje con varios destinatarios

Para el especialista, el asesinato de la candidata morenista a la Alcaldía de Celaya en pleno mitin electoral en el primer día de la campaña, después de que presenta un plan de seguridad es un acto "profundamente simbólico" que representa un mensaje más allá del homicidio.

"Es un mensaje de quién tiene poder letal, quién tiene impunidad histórica garantizada", asegura el especialista. "Lo puede hacer y lo hace en un feudo, por ejemplo, del Cártel Santa Rosa de Lima, un feudo que está en conflicto, pero que sí es un territorio históricamente dominado por ellos".

Guanajuato es uno de los nueve estados que el próximo 2 de junio renovarán gubernaturas y las presidencias de sus 46 municipios en una elección en la que Alma Alcaraz, la candidata del oficialismo, va abajo en las encuestas, pero tiene una posibilidad de lograr el triunfo a Libia Dennisse García y terminar con tres décadas de gobierno panista.

Ambas candidatas han dicho que, de ganar el 2 de junio, removerán de sus cargos tanto al fiscal Zamarripa Aguirre como al secretario de seguridad pública Alvar Cabeza de Vaca.

"El mensaje puede ser efectivamente que quiten a quien quiten nosotros tenemos que seguir acá negociando y tenemos que seguir en la línea en que estábamos", afirma Lorusso en referencia al asesinato de Gisela Gaytán, en Celaya, una ciudad en el corazón del corredor industrial del estado, donde ya se habían presentado asesinatos políticos como el del 17 de agosto del 2022, cuando sicarios mataron a Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal panista Javier Mendoza Márquez.

Cuando hay amenaza de cambio después de décadas de permisividad, de colusiones de redes macrocriminales como en Celaya, los grupos delictivos perpetran asesinatos contra candidatos o hasta a funcionarios del Gabinete para crear esa gobernanza criminal y dominar, por ejemplo, obras públicas o tránsito, dice el experto.

La solución no pasa por la militarización

Para Lorusso, las posibles soluciones a este entramado criminal no necesariamente pasan por un mayor despliegue de elementos federales o del Ejército. El especialista recuerda que Guanajuato ha sido uno de los estados con mayor presencia militar, similar a la presencia policial.

Aquí había más o menos 12.000 integrantes de Sedena y Guardia Nacional, tantos efectivos como todas las policías de Guanajuato, afirma.

De acuerdo con el investigador, se necesita una mayor cooperación intergubernamental entre la federación, municipios, pero sobre todo abordar profundamente el tema de justicia social en un estado donde los salarios son bajos, no hay sindicatos, y hay desigualdad y muchos contrastes pese al crecimiento económico.

También dotar de mayores capacidades de investigación a policías, detectives bien formados no solo de la Fiscalía e incluso independizar los servicios periciales y forenses de la Fiscalía, Pero si no hay Coordinación Federal estatal se ve mal el panorama, concluyó.

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