Numerosos analistas extranjeros coinciden en que la lucha contra la corrupción en el gigante asiático encubre, en realidad, la lucha por el poder.
Y he aquí que se producen dos noticias el mismo día. El primer ministro chino informa en una sesión del Gobierno sobre la reforma del departamento de transporte ferroviario, cuyo jefe acaba de ser condenado a pena capital (con ejecución aplazada) por corrupción.
Segunda noticia: por fin se han formulado cargos contra Bo Xilai, el antiguo jefe del partido en la ciudad de Chongqing.
Ambos casos están relacionados con la corrupción y prevaricaciones: no debería estar mezclada la política. Pero vaya si lo está.
La historia de la condena a Liu Zhijun, el exministro responsable de los ferrocarriles chinos, está todavía muy fresca. Tiene que ver con el “accidente del siglo”, el choque de dos trenes en Wenzhou el 23 de julio de 2011; aunque, en este caso, no se logró probar una relación directa entre el alto funcionario y la adquisición de equipos de mala calidad que podrían haber evitado el accidente.
Pero sí salió a la luz que el exprimer ministro había creado un sistema de corrupción que afectaba a las licitaciones y compras, dentro del cual era perfectamente posible que se produjeran adquisiciones de materiales defectuosos.
Pero después de la publicación del veredicto, el ajuste de cuentas en todo el sector ferroviario chino no hacía más que empezar. Y por ello el primer ministro Li Keqiang informaba sobre los cambios y el futuro que espera al sector.
Para empezar, ya en marzo de este año, una corporación sustituyó al ministerio, con un equipo directivo completamente nuevo (dado que Liu Zhijun no fue el único investigado por corrupción en esta área de gobierno). La corporación, después de auditar las cuentas del equipo anterior, llegó a la conclusión de que había deudas por un importe de casi 5000 millones de dólares. Se está planteando, además, la participación del capital privado en los diferentes proyectos, con la esperanza de que esto aumente la transparencia en la financiación y en los gastos.
Ha disminuido el ritmo de construcción de nuevas vías, lo cual es bastante lógico dado que los funcionarios corruptos tienen todo el interés en que haya muchas operaciones y no tanto en la rentabilidad de las mismas. El objetivo de alcanzar en 2020 los 123.000 kilómetros de líneas férreas, sin embargo, se mantiene.
De este modo, los ferrocarriles han dejado de ser (temporalmente) motivo de orgullo nacional; pero al menos todo el mundo puede comprobar que la lucha contra la corrupción no se termina con las condenas a los corruptos, sino que sólo empieza ahí.
Por lo que se refiere al caso de Bo Xilai, he aquí la breve nota de la agencia Xinhua: le han sido formulados cargos por recibir sobornos, por corrupción y por prevaricación.
Se trata de un asunto importante, porque el “caso Bo” está desde el principio intrincadamente ligado a la política. Bo Xilai era una persona enormemente popular, un “héroe popular” (lo que en el lenguaje de los politólogos se podría traducir como un político de “izquierdas”), uno de los participantes activos en la lucha por el poder que se desarrolló el año pasado y que terminó con la renovación de los líderes máximos del país.
Sin embargo, para eliminar a un rival político habría sido suficiente con dar publicidad el proceso contra su mujer. Que era, a su vez, una historia de lo más dramática: su mujer había organizado el asesinato de un inglés que la amenazaba con hacer públicos los detalles de las operaciones comerciales de su hijo. Y no parece haber muchas dudas sobre el hecho mismo del asesinato y de la participación de la más importantes familia de aquella enorme ciudad.
Pero si la cuestión se limitase a una lucha por el poder, el caso de la señora de Bo se habría cerrado políticamente con el cese de Bo Xilai (y con la expulsión del partido y abandono de todas sus responsabilidades, lo cual ocurrió).
Pero ahora le van a juzgar por lo mismo que condenaron al ministro de los ferrocarriles: por crear un sistema en el que se hizo posible todo lo que ocurrió en torno al asesinato (encubrimiento de los hechos, operaciones comerciales de carácter dudoso y muchas más cosas).
Y exactamente igual como en el caso de los ferrocarriles, en la ciudad de Chongqing se dedican también a hacer limpieza. Se investiga incluso alguno de los grandes éxitos de Bo como el haber acabado con las bandas criminales en la ciudad en 2009. Ahora se analiza si se cometieron irregularidades también en aquella ocasión.
Lo que ocurre en esa gran ciudad china es lo mismo que ocurre en toda China: los chinos están intentando regularizar las relaciones de sus fuerzas de orden público con la población. Son innumerables las discusiones sobre este tema tan resbaladizo: hasta el punto de que se abren portales para recibir mensajes anónimos.
Todo parece indicar que en estos momentos, en China la mayor rentabilidad política se saca precisamente de la lucha contra la corrupción.
Podemos discutir hasta la extenuación sobre si son acciones que se emprenden voluntariamente o más bien forzadas, o sobre si existe en política algo que se haga bien sólo por querer hacer el bien; o si todo ocurre sólo por el temor de las autoridades a ser descubiertas por la opinión pública.
Pero el hecho es que China (las autoridades públicas y la sociedad) lleva ya varios años tomándose muy en serio el tema de la corrupción.
Y he aquí otro detalle que mueve a unas cuantas reflexiones. El problema es el siguiente: ¿qué les queda por hacer a los denunciantes profesionales de la corrupción cuando son las propias autoridades las que se dedican con gran entusiasmo a esa misma denuncia?
Un eco de esos problemas nuevos se podía encontrar el otro día en un artículo aparecido en The Washington Post: al parecer, se había producido el arresto de 16 liberales que habían hecho de la denuncia de los casos de corrupción una de sus líneas fundamentales de actuación. Si les habían detenido con razón o sin ella es una cuestión sin duda relevante, pero los autores del artículo que comentamos preferían extenderse sobre el sentido de lo ocurrido.
Se trata de un artículo excepcional y muy estadounidense. Aparece un poco todo mezclado: el lamento por una inexistente “Primavera de Pekín”, es decir, protestas masivas en las calles contra el poder establecido inspiradas precisamente por esos “liberales” que denuncian los casos de corrupción; las conversaciones de los propios “liberales” en las que afirman que las autoridades son incapaces de acabar con los sobornos dentro de la administración china.
Y la idea de que sin la sociedad civil, animada por sus aliados en el extranjero, no puede dar frutos la lucha contra la corrupción…
Lo más sorprendente del artículo es que no se quiera reconocer que las autoridades chinas son cualquier cosa menos impotentes en la lucha contra la corrupción y que tratan precisamente de apoyarse en la sociedad civil para esa lucha.
Lo que sí es cierto es que, haciendo de la lucha contra la corrupción el centro y el objetivo principal de su política, las autoridades chinas les roban el terreno de juego a los opositores de toda ralea, liberales o no demasiado liberales.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
