El Senado argentino, la "madre de todas las batallas" capaz de voltear las iniciativas de Milei

Tras la aprobación de la Ley Ómnibus en Diputados, la Cámara Alta tiene la llave para la sobrevida del ambicioso proyecto. El organismo es epicentro de negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores, empoderados ante la debilidad parlamentaria del oficialismo.

La media sanción de la ley ómnibus en Diputados revitalizó al Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el dispositivo oficialista sabe que la verdadera odisea se librará en el Senado, donde la oposición peronista concentra una envidiable porción de la bancada. La apuesta del presidente es que su proyecto corra mejor suerte que el decreto de necesidad y urgencia (DNU), rechazado en la Cámara Alta.

En términos formales, el recinto exhibe una fotografía a priori adversa para La Libertad Avanza. Para lograr la mayoría simple, debe llegarse a la mitad más uno: de presentarse los 72 senadores, el número mágico es de 37 votos. Mientras que el oficialismo cuenta con 7 escaños —a los que pueden sumarse los 6 del PRO, aliado inclaudicable a instancias de su líder, Mauricio Macri— los dos bloques de la oposición peronista suman 33 bancas.

Si la realidad fuera lineal, los disidentes estarían a centímetros de alcanzar la mayoría para rechazar el proyecto. Sin embargo, Milei cuenta con el apoyo mayoritario de la Unión Cívica Radical (13 bancas, si bien un sector delinea un perfil opositor). Los 13 senadores restantes responden a partidos directamente ligados a las provincias. Ahí radica una de las claves del futuro de la Ley Ómnibus.

La arena de disputa

"El Senado está menos fragmentado que Diputados: no hay una atomización en muchos bloques pequeños, como sucede en la Cámara Baja. Como el peronismo tiene una bancada considerable, a priori uno podría suponer que es una parada más difícil para el Gobierno", dijo a Sputnik Facundo Cruz, politólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires.

"El Senado tiene más peso que la Cámara de Diputados en diversos aspectos, como la designación de embajadores o jueces", planteó el analista.

Dado que las provincias tienen igual representación en el recinto (cada uno de los 24 distritos está representado por tres senadores, dos por el oficialismo y uno por la oposición), el peso de los mandatarios del interior es determinante. "Claramente, el Senado es la voz de los gobernadores, por lo que se entiende que sin su aval, es difícil que prosperen las iniciativas del presidente".

Sobre esa base se erige la estrategia del Gobierno, avocado en los últimos días al diálogo con los mandatarios provinciales, para limar las asperezas que caracterizaron a los primeros meses de gestión.

"El Gobierno nacional aprendió a negociar. El proyecto aprobado en Diputados matiza algunos ejes clave para reunir el apoyo necesario. El discurso oficialista se adapta a la posibilidad de lograr sus propios objetivos: los legisladores dejaron de ser 'ratas' para ser patriotas, según el presidente", apuntó Cruz.

En aquel marco se inscribe la convocatoria del presidente al Pacto de Mayo, un acuerdo con los gobernadores para que presten su respaldo al oficialismo a cambio de un alivio fiscal. Según el investigador, "las provincias parecen haber aceptado el acuerdo fiscal propuesto por el Gobierno, que frenó todo giro de fondos y cortó la obra pública, complicando la situación financiera en estos distritos".

"Todo presidente necesita trabajar con los legisladores de un Congreso Nacional y en un sistema federal también con los gobernadores. Cuando las cosas le van mal, Milei ataca en términos personales. Pero cuando las cosas avanzan conforme a su voluntad, ensalza las cualidades patriotas y republicanas de quienes lo apoyaron", remarcó.

Los límites del acuerdo

En diálogo con Sputnik, Florencia López, senadora nacional de Unión por la Patria por la provincia de La Rioja, criticó la negociación de los mandatarios opositores con el oficialismo: "si cada uno se preocupa exclusivamente por sí mismo, vamos a ir mal. Si los gobernadores solamente pensaran en sus provincias, estarían muy errados. No puede ser que solo luchen por sus recursos y no por los ingresos de los trabajadores o el presupuesto para las universidades".

"Por más acuerdos que hagan los gobernadores, hay que tener coraje para votar una ley que va en contra de todo el pueblo argentino. No reniego del diálogo, pero nunca a costa del sufrimiento de la gente", apuntó la dirigente opositora.

En ese sentido, la legisladora destacó a la porción de los bloques "dialoguistas" que decidieron marcar límites y distanciarse del proyecto de ley. "Celebro a la porción de la Unión Cívica Radical que está en contra de esta iniciativa. No es estar contra el Gobierno, es estar en contra de algo que desafía los ideales de cada uno", afirmó.

"Este no es el camino correcto: ni la ley, ni el decreto de necesidad y urgencia. El Gobierno quiere que todo el peso del ajuste caiga sobre los hombros de la clase media con medidas que van a perjudicar a la industria nacional. El proyecto de ley pinta de cuerpo entero lo que pasa en el Gobierno: es un constante ajuste a los que menos tienen", denunció la senadora.

La disputa por los tribunales

La Ley Ómnibus no es la única preocupación del Gobierno respecto al Senado. Además de tratar el proyecto, la Cámara Alta deberá expedirse sobre un tema fundamental: la designación de dos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual el oficialismo necesita reunir dos tercios de los votos en el recinto.

La conformación del organismo reviste un rol central para el presidente: es el cuerpo capaz de echar por tierra el megadecreto de necesidad y urgencia, en caso de considerarlo inconstitucional.

El Gobierno postuló a Manuel García Mansilla y a Ariel Lijo, como nuevos supremos, en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien está próximo a retirarse al cumplir 75 años, y Elena Highton de Nolasco, ya jubilada. Mientras el primero es un célebre abogado del ámbito académico, sobre el segundo pesan extensos cuestionamientos en torno a su proceder a cargo del Juzgado Federal N.º 4.

Si bien a priori las designaciones tienen por delante un camino mucho más complejo que el de la ley —para la que el Gobierno necesita apenas mayoría simple—, las apariencias engañan. La misma estrategia dialoguista montada para la Ley Ómnibus se repite para el máximo tribunal. Cada vez son más los senadores que empiezan a mostrarse favorables a los nombramientos.

Una de las incógnitas orbita en torno a lo que hará la oposición peronista. Consultada al respecto, López sostuvo: "no tenemos una posición tomada. La Corte es el poder del Estado más importante, y lo único que espero es que sus integrantes tengan una visión federal. Queremos ver quiénes son y qué opinan. Si nos convencen, se acompañará".

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