“Una cosa es un país independiente y otra un país in the pendiente”
Mafalda
Doscientos cuatro años han transcurrido desde el domingo 16 de septiembre de 1810 en que el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamara a sus feligreses de la parroquia de Dolores, en el estado de Guanajuato, a rebelarse contra el orden virreinal de la Nueva España.
La fecha, que fija en México el inicio de la lucha por su independencia, no debiera ser solo un festejo constitucionalmente calendarizado para recordar agradecidos “a los héroes que nos dieron Patria”; debiera ser además ocasión propicia para tener presente esas otras in-dependencias que merecen también, por parte de los mexicanos, su “Grito de Dolores” y unas batallas no por incruentas menos imperiosas.
"Muera el mal gobierno"
Si bien no existe documentación alguna de testigos directos sobre lo acontecido el 16 de septiembre de 1810, la tradición coincide en que “¡muera el mal gobierno!” y “¡viva la América!” fueron dos de las consignas que gritó el cura Hidalgo en aquella histórica jornada.
La apertura democrática que vive México desde el año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pasó a la oposición luego de 72 años en el poder, no ha supuesto cambio alguno en esa dependencia insultante que padece el país al momento de elegir a sus representantes populares: la partidocracia, un pesado lastre en su bogar democrático que relega a la sociedad civil al tibio rol de espectador de la dinámica social y a tolerar malas gestiones de gobierno sin otro consuelo que el cambio trienal o sexenal de administraciones y esporádicas “sublevaciones” de limitados alcances como el movimiento estudiantil “#YoSoy132” o el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”.
Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) durante sus dos sexenios de gobierno (del 2000 al 2012) como el PRI en su regreso a la Presidencia sostuvieron (y sostienen) un accionar político y social construido sobre una concepción de democracia que la reduce a la simple existencia de múltiples organizaciones partidistas. Conceptos como “candidatos independientes” o “segunda vuelta electoral” están ausentes del vocabulario de las élites políticas del país, lo que provoca, en el primero de los casos, la sumisión del electorado a figuras que se reciclan en los diferentes cargos de elección popular, e incluso en diferentes partidos, y en el segundo, a tener presidentes con el aura sombría de haber llegado al cargo mediante un fraude jamás probado pero tampoco esclarecido (Felipe Calderón) o por el voto de apenas el 38% de la población que sufragó (Enrique Peña Nieto).
Cuando la representación popular sólo puede ejercerse desde la militancia partidista se asiste a una perversión de los afectos que lleva al interesado a velar más por las urgencias de su partido que por las de sus electores. De ahí el “draft de políticos” en tiempos electorales, pues ninguno quiere quedar ajeno al pastel que suponen diputaciones y senadurías, gubernaturas y alcaldías; de ahí la existencia de clubes políticos que sobreviven como partidos mediante alianzas tan oportunistas como desnaturalizadas; de ahí el exceso que suponen 500 diputados y 128 senadores en un país de poco más de 112 millones de habitantes, cuando al norte del río Bravo bastan 435 representantes en la Cámara baja y 100 senadores para legislar sobre los destinos de 318 millones de estadounidenses.
"¡Viva la América!"
A veinte años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), resulta evidente que para México el acuerdo suscrito con Estados Unidos y Canadá no ha representado la panacea económica que en el papel suponía. Para un gran sector de la población su incidencia ha sido nula o en ocasiones francamente nefasta. Triste ejemplo de ello es lo ocurrido en el campo mexicano, cuya devastación a consecuencia del liberalismo comercial ha conducido al éxodo de agricultores, la pérdida de cientos de miles de hectáreas de tierra cultivables y al menoscabo de la soberanía alimentaria del país.
El sometimiento de la agricultura mexicana a la de los Estados Unidos –visibilizada en la dependencia de fertilizantes y plaguicidas y el aumento en la importación de productos agropecuarios provenientes de aquel país–, apenas si es un reflejo parcial de una subordinación económica mayor al vecino del norte que contamina incluso las ensalzadas cifras de lo que se exporta, fincadas en alto grado en productos cuya elaboración requiere de un gran porcentaje de componentes estadounidenses, fenómeno este último que tiene su envés en la costosa importación de productos “made in usa” cuya materia prima es de origen mexicano, del que acaso sea la gasolina el ejemplo paradigmático.
Para México, su rol de pariente pobre en el TLCAN ha significado también una subordinación en distintos rubros ante los otros dos firmantes del acuerdo. Lo evidencian la asimetría en materia de visado que exenta a los nativos de Canadá y de los Estados Unidos de presentar ese documento para ingresar a tierra azteca cuando lo contrario es inviable, y una política exterior e incluso doméstica que en ocasiones –sobre todo bajo los gobiernos panistas– parece dictada desde la Casa Blanca.
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo Benito Juárez en lo que constituye la médula de las relaciones de México con el extranjero, pero también debiera serlo “el derecho al respeto ajeno” que administraciones locales en circunstancias precisas han dejado mancillar. Bastan como pruebas de ello, en lo externo, el voto mexicano a favor de sanciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra determinados países en vez de la tradicional abstención (sobre todo si se trata de naciones que sostienen algún diferendo con los Estados Unidos), y en lo interno, el operativo “Rápido y Furioso” proyectado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para combatir el tráfico de armas en México que a su carácter inconsulto sumó el de fallido, pues al introducir ilegalmente armamento en territorio mexicano para su rastreo terminó por pertrechar al crimen organizado tras perderle tontamente la pista a cerca de mil quinientas armas.
Las otras alhóndigas
El 28 de septiembre de 1810 las huestes del cura Miguel Hidalgo tomaron la Alhóndiga de Granaditas, un granero ubicado en la ciudad de Guanajuato donde se habían atrincherados militares y civiles ante el avance de los insurgentes. El éxito de la acción recayó sobre las espaldas de un hombre –y no es una metáfora–, Juan José de los Reyes Martínez, apodado “el Pípila” (así se le llama en México a la hembra del pavo, las pecas del rostro del insurgente remedaban el plumaje punteado de dicha ave), quien protegido de las balas enemigas por una lápida que cargó en hombros logró incendiar la puerta que daba acceso al interior de la Alhóndiga lo que permitió la entrada de los insurrectos.
En la base del monumento construido en cantera rosa e inaugurado en Guanajuato hacia septiembre de 1939 para perpetuar la hazaña del “Pípila”, una inscripción en relieve evoca imperecederamente que la Nación que aquellos héroes edificaron es “patri(a)monio” de todos y cada uno de los mexicanos y no de circunstanciales detentores del poder ante cuya mala obranza, esas que colocan al país “in the pendiente”, siempre cabe recordar que “Aún hay otras Alhóndigas por incendiar”.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
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